Acusan a una banda colombiana de prostituir a mujeres en Zaragoza

Una decena de personas unidas por distintos lazos familiares declararon ayer en la Audiencia de Zaragoza acusadas de tejer una red de trata de blancas. Y ninguna de ellas, pese a las ajustadas preguntas del fiscal, reconoció ninguno de los hechos de los que se les acusaba: captar mujeres necesitadas de Colombia, traerlas a Zaragoza y obligarlas a ejercer la prostitución en distintos pisos de la capital aragonesa a la vez que vendían droga a los clientes. «Las chicas se prostituían, sí, pero lo hacían porque querían. Yo no les cobraba nada más que los 150 euros semanales del alquiler», declaró Tatiana A., la más locuaz frente a la Sección Primera. La mujer, igual que el resto de encausados, negó haber requisado el pasaporte de las supuestas víctimas, controlado sus ingresos y vigilado sus movimientos dentro y fuera de los domicilios mediante cámaras de vigilancia y acompañantes.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público les imputa a cada uno de ellos distintos delitos –trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública y blanqueo de capitales–. La decena de encartados se enfrenta a una pena conjunta de 64 años de cárcel.

La Fiscalía entiende que el clan se dividía en cuatro grupos. Cada uno de ellos se encargaba de una función: gestión y logística, vigilancia dentro de los pisos, control y transporte fuera de los inmuebles y regularización de las ganancias. Esta última actividad se habría hecho mediante el envío de dinero a terceras personas o a través de la adquisición de bienes y servicios. Entre estos, la acusación pública ubica la compra de una finca en La Muela valorada en unos 25.000 euros, pese a que la nueva propietaria, Luz G., carece de ingresos fijos.

Control de las relaciones

Las mujeres, aduce la Fiscalía, entraban en España como turistas y la supuesta red se encargaría luego de regularizar su situación. Una vez conducidas a Zaragoza, las distribuían por distintos pisos (al menos cinco), en los que ejercerían la prostitución. Los acusados negaron que en estos inmuebles hubiese una mujer a la que se le hubiese designado el control de las trabajadoras sexuales. «Yo no daba órdenes, solo les transmitía las normas de comportamiento para evitar peleas dentro de casa», argumentó ante el tribunal una de las supuestas centinelas, que negó también tener copias de la llaves de las cajas de caudales y llevar la cuenta de los coitos en una libreta.