El Pleno del Ayuntamiento de Calatayud aprobó ayer la adjudicación del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para el municipio por 34,9 millones de euros y un periodo de 20 años a la empresa Aquara, actual concesionaria del servicio. Lo hizo con los votos a favor del equipo de gobierno PP-Cs y la edil de VOX, la abstención del PAR y la negativa del PSOE. La adjudicación llega después de que en enero de 2020 el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón estimase los recursos especiales presentados por Acciona, Técnicas Valencianas del Agua y Gestión y Técnicas del Agua contra los pliegos para conceder el servicio.

Esta propuesta que se debatió en el Pleno ha sido la elegida tras el dictamen de un comité de expertos y de la consecuente mesa de contratación, trámite que se ha desarrollado durante más de un año y alargado por dicha alegación ante el Tapca. "Ahora se abre la posibilidad de que las empresas excluidas puedan presentar un recurso especial", anticipó el edil de Grandes Contratos y teniente de alcalde, José Hueso (Cs). A este respecto, el portavoz socialista, Víctor Ruiz, hizo hincapié en que en el dictamen no había constancia de que además del recurso ante dicho tribunal, haya un procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

A su vez, Ruiz sacó a colación la problemática que ha acompañado a la licitación del servicio de la zona azul, cuyos pliegos tendrán que rehacerse y por ello planteó "esperar a realizar la adjudicación" a que se aclaré el futuro judicial del recurso interpuesto por FCC-Aqualia. A este respecto, Hueso fue tajante y recordó que "no podemos hacerlo, llegados a este punto y con la adjudicataria propuesta habiendo depositado todo lo exigido".

Así, el teniente de alcalde llamó la atención sobre la proliferación de recursos de este tipo y argumentó que estas alegaciones, en el caso de grandes empresas interesadas en este tipo de contratos, "cuestan poco" y lo considero como "lo natural". También vaticinó que "en unos años la jurisprudencia en materia de contratación pueda considerar este tipo de recursos como abuso del derecho".

El inicio oficial del expediente se remonta a octubre de 2019, cuando -en la misma sesión- el Pleno dio luz verde, por un lado, a empezar el proceso y, por otro, al anteproyecto de urbanización del sector Marivella, cuyo coste de 4,2 millones tendrá que asumir en un 75% la nueva concesionaria y en un 25% los vecinos y propietarios de parcelas (más de 171 residenciales y cuatro empresas).