El Jurado Popular concluyó ayer que Wilson de la Cruz Méndez, acusado del asesinato de Ariel Alberto Carrasco Viola el 5 de enero de 2015 en el conocido como crimen de Reyes, es culpable de homicidio por dolo eventual, lo que supone que durante la muerte violenta no hubo alevosía. Después de tres días de juicio en la Audiencia de Zaragoza y una jornada de deliberación, los integrantes del Jurado consideraron probado que el encausado era consciente del riesgo de acudir a casa de la víctima armado con una pistola para llevarse sin pagar medio kilo de cocaína.

Durante las tres sesiones del juicio, la defensa mantuvo la tesis de que los disparos fueron consecuencia de un forcejeo, como así ha entendido probado el Jurado, que manifestó de forma unánime que De la Cruz no ejecutó de manera sorpresiva al fallecido y que la muerte del joven miembro de la banda latina DDP no fue premeditada, sino fruto de una serie de hechos no premeditados.

No fue este el único aspecto en el que los nueve miembros del grupo coincidieron de pleno. La pormenorizada descripción de los impactos de bala expuesta por los médicos forenses, que durante su declaración llegaron a tildar de «violenta» la muerte y descartaron que fuera fortuita, no fue tenida en cuenta.

Además del homicidio por dolo eventual, el tribunal popular culpa al encausado de los delitos de tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y robo con intimidación. Pese a ello, dos de los miembros se mostraron favorables a la petición de un indulto en la futura sentencia.

Tras escuchar las consideraciones del tribunal popular, el Ministerio Público y la defensa trasladaron al magistrado-presidente de la Sección Primera sus distintas peticiones. La fiscal mantuvo las penas solicitadas el pasado miércoles: doce años y medio de cárcel por el delito de homicidio y otros nueve y medio, en total, por los otros tres, además de una multa correspondiente al delito contra la salud pública.

Una pregunta «enrevesada»

La defensa, ejercida por el letrado Daniel de Andrés, había pedido tras la tercera sesión que la muerte se calificara como homicidio imprudente e introdujo, como alternativa, que se apreciase el dolo eventual. Tras la deliberación del jurado, solicitó la pena mínima en cada uno de los puntos. El abogado, que sostuvo desde el primer día que el forcejeo fue el verdadero desencadenante de la muerte de Ariel, manifestó su contrariedad respecto a las preguntas que afrentó el jurado. 

En concreto, tildó de «pregunta trampa» la decimosexta, que abordaba el conocimiento o no del acusado sobre las posibilidades de muerte de la víctima. «Ha resultado clave por el hecho de que es muy enrevesada y, de haberse respondido de manera contraria, habría excluido la siguiente, que determina todo».