Mientras las plantillas del bus urbano y del tranvía mantienen su particular pulso con sus respectivas concesionarias, un nuevo conflicto laboral vinculado a la movilidad se avecina en la capital aragonesa. El comité de empresa de la zona azul ha anunciado este lunes la ruptura de las negociaciones que mantienen desde hace meses con la contrata, Z+M, para acordar un nuevo convenio colectivo. La decisión conlleva la convocatoria de “movilizaciones” y de paros parciales “diarios” que se concretarán en los próximos días en una asamblea de trabajadores, según explicaron fuentes sindicales.

La negociación por el nuevo convenio colectivo de la empresa que gestiona el estacionamiento regulado de Zaragoza comenzó el pasado mes de febrero. El comité, formado por OSTA, UGT y CSIF, planteó “diversas mejoras en materia de conciliación, así como de carácter económico” que la concesionaria “rehusó”, indicaron.

En concreto, según el comité, Z+M “solo aceptó una rebaja de tres horas en la jornada anual, así como la mejora en la visita a médicos especialistas”, mientras que, en el ámbito salarial, “tan solo ofrecía subidas del 0,25% para este año y del 1% para 2022”. Una oferta que la representación sindical ha rechazado.

Desde el comité recuerdan que, pese a la pandemia, el estacionamiento regulado funciona “con normalidad” desde mayo de 2020, y que los trabajadores ya han renunciado a otro tipo de mejoras sociales para la plantilla, formada en un 80% por mujeres. Por ello, han roto las negociaciones y han anunciado la próxima convocatoria de movilizaciones y de una huelga todavía por definir.

Según Graciela Martín, presidenta del comité, en los próximos días se celebrará una asamblea con los trabajadores para ultimar el calendario de protestas. En cuanto a los paros, previsiblemente se establecerán la última hora de la mañana y la última de la tarde, “el momento de mayor facturación”, señala.

Además, los trabajadores ha solicitado una reunión con la concejal de Movilidad en el Ayuntamiento, Natalia Chueca, mientras que la empresa concesionaria, que afronta el último año de contrato tras la prórroga aprobada por el gobierno PP-Cs, ha declinado hacer valoraciones sobre este asunto.