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José Manuel y Maribel, la pareja de Zaragoza a la que un olvido le ha costado la casa

José Manuel y Maribel viven una pesadilla. Ni tenían hipoteca ni debían nada al banco, pero acaban de embargarles su adosado porque no estaba inscrito en el registro.

José Manuel y Maribel, delante del adosado que están a punto de perder.
José Manuel y Maribel, delante del adosado que están a punto de perder.
Toni Galán

No les debemos nada. Ni somos clientes ni somos avalistas. Pero ustedes nos arrebatan ahora nuestra casa».  Con estas palabras encabezaban José Manuel Cadena y Maribel Serrano la carta que hace escasos días remitieron a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en un intento desesperado por frenar el embargo de un adosado que era suyo y sobre el que no pesaba ninguna deuda ni hipoteca. El matrimonio tenía una terreno en María de Huerva y se lo vendió a un promotor a cambio de una de las nueve viviendas que iba a construir. Cuando concluyeron las obras en 2008, acudieron al notario a hacer la escritura y pagaron más de 30.000 euros en impuestos. Sin embargo, al no tener que solicitar financiación, pasaron por alto un trámite del que habitualmente se encargan los bancos: la inscripción de la finca en el registro de la propiedad. Y aquel olvido se ha tornado en pesadilla.

«A comienzos de febrero de 2020 recibimos una carta del catastro notificándonos la baja de titularidad de la finca. No entendíamos nada, ni siquiera sabíamos qué significaba aquello. Pero fue el comienzo de un calvario que ahora no nos deja dormir», reconocía esta semana la pareja cuando relataba a HERALDO la desesperada situación en la que se encuentran. «Y lo peor de todo esto es que se venía fraguando desde hace tiempo, sin que nosotros supiéramos nada. Cuando hemos tratado de impedirlo mediante una demanda, el juez nos dice que ya es demasiado tarde. Puede que cometiéramos un error al no inscribir la casa en el registro. Pero lo hicimos por ignorancia, por desconocimiento. ¿De verdad se nos puede cobrar tan caro ese olvido? Desde luego, no creo que esto sea justicia», se lamentaba Maribel, que trabaja como auxiliar administrativa del Salud y no ve la forma de    reconducir este «atropello».

"Se venía fraguando desde hace tiempo, sin que supiéramos nada. Cuando hemos tratado de impedirlo, el juez nos dice que es tarde"

Pero, ¿cómo ha podido terminar embargada y subastada su casa si no debían nada al banco? La explicación es sencilla, la sociedad promotora de las viviendas, Alvamar 2008 S. L., sí contrajo una importante deuda con la entidad financiera. Y como el adosado de José Manuel y Maribel, ubicado en la calle de Italia de María de Huerva, seguía constando inscrito a nombre de la inmobiliaria, el Santander instó su embargo.

La pareja ha sabido ahora que el promotor de las viviendas estuvo siempre al corriente de lo que se estaba fraguando, puesto que le notificaron el inicio del procedimiento de embargo y se calló que él no era el verdadero propietario de la finca. Pero claro, lo que para José Manuel y Maribel se han convertido en una pesadilla, para el constructor ha supuesto un evidente alivio. No en vano, al quedarse el adosado del matrimonio, el banco da por zanjada la deuda que el promotor arrastraba.

La demanda que los vecinos de María de Huerva tramitaron para intentar recuperar su casa acaba de ser desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Zaragoza. Contra el fallo cabía recurso, pero los afectados aseguran que hasta cuatro abogados les han dicho que tenían muy pocas posibilidades de ganarlo y que encima tendrían que hacerse cargo de las costas. «No sabemos ya qué hacer, estamos desesperados. La posibilidad que nos ofrecen ahora es la de recomprar nuestra propia casa. Pero nos sentimos frustrados, humillados. No quieren vender lo que sentimos que nos han robado», dicen.

Los otros damnificados

José Manuel Cadena y Maribel Serrano, junto a la actual inquilina del adosado, Daiane, en la puerta.
José Manuel Cadena y Maribel Serrano, junto a la actual inquilina del adosado, Daiane, en la puerta.
Toni Galán

El trabajo de Maribel y el no poder vender el piso de protección oficial en el que vivían en Zaragoza les llevó a arrendar el adosado de María de Huerva a una joven pareja con la que mantienen una relación «excelente». Los actuales inquilinos tienen dos hijos escolarizados y están encantados en el pueblo, pero no hace mucho llamó a su puerta un representante de Altamira Santander Real Estate y les dio el susto. «Ustedes no pueden seguir viviendo aquí, esta casa es de un banco, me dijeron. Yo sabía perfectamente que la vivienda era de José Manuel y Maribel y que no tenían ninguna deuda», contaba Daiane esta semana. Hace cinco años que ella y su marido Jorge hicieron de esta propiedad de tres plantas y buhardilla su hogar. Y aunque tenían previsto renovar el contrato de alquiler el próximo mes de julio, ahora temen que puedan echarlos. «No es justo. Los jueces deberían impedir que      a esta gente les quiten lo que han demostrado que es suyo», decía emocionada la joven a la puerta del adosado.

Sin embargo, la Justicia ya ha hablado. Y lo ha hecho para dar la razón al Banco Santander y para reprochar a la pareja que no cumpliera con sus obligaciones. «Decidieron y optaron por no inscribir su dominio, asumiendo    los gravísimos riesgos que ello conlleva y que se han cumplido»,    sentencia el magistrado.

El banco niega mala fe y les acusa de un «error inexcusable»

Con la ley por delante y negándose a pasar por los malos del procedimiento judicial que ha costado su casa a la pareja de María de Huerva formada por José Manuel y Maribel, Altamira Santander Real Estate –inmobiliaria vinculada al Banco Santander– mantiene que se le ha acusado «gratuitamente» y «sin fundamento alguno» de actuar de mala fe. Al contestar a la demanda del matrimonio, la sociedad alegó que se cumplieron todos los trámites legales, incluido el de la notificación de la subasta a los interesados. Sin embargo, a quien se informó en realidad fue al promotor que construyó la urbanización donde se encuentra el adosado, que era a quien la entidad quería embargar para saldar una importante deuda. Y el juzgado contactó con él porque el matrimonio, legítimo propietario de la finca, no la había inscrito en el registro de la propiedad y seguía figurando a nombre del empresario.

Reprocha la inmobiliaria a los demandantes el «error inexcusable» de no haber inscrito su propiedad, pese a haber tenido diez años para hacerlo. Según Altamira, no se trató de un mero descuido, porque al firmar la escritura en 2008 el notario les advirtió de que debían hacerlo. La pareja no recuerda que fuera así, pero tampoco lo niega. «Cuando te ves en una mesa ante unos señores encorbatados que hablan muy rápido y a los que no entiendes, supongo que dices a todo que sí. Somos gente sencilla, dejamos los estudios pronto. Pero sabemos distinguir lo justo de lo injusto. ¿Cómo pueden pensar que habiendo pagado 30.000 euros en impuestos yo no iba a abonar 200 o 300 euros al registro si lo hubiera sabido?», explica José Manuel.

Pero el titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Zaragoza lo tiene claro. «La primera actuación procesal de los verdaderos dueños, ahora demandantes, se produce cuando la adquisición del dominio está ya consolidada y es irreivindicable», alega. Es decir, los reconoce como propietarios pero dice que no puede hacer nada.

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