El Ayuntamiento de Zaragoza presentó este jueves una propuesta para abonar el complemento específico pendiente para 2.053 funcionarios que concitó el rechazo unánime sindical. El gobierno PP-Cs ofreció comenzar a pagar parte de los más de tres millones de euros que se adeuda por este plus salarial a costa de reducir al conjunto de la plantilla la subida salarial del 0,9% marcada por el Estado para este año.

La propuesta llevó a los representantes de STAZ a abandonar la mesa de negociación y a solicitar la dimisión del concejal de Personal, Alfonso Mendoza. El resto de sindicatos, que calificaron el plan del gobierno de «inadmisible», formularon una contraoferta con la que dar respuesta a esta histórica reivindicación.

En concreto, el Consistorio adeuda el complemento específico a 2.053 funcionarios a los que no se les subió el sueldo cuando fueron reclasificados por diferentes motivos. La mayoría de los afectados son policías locales y bomberos, pero también personal de talleres y del servicio de parques. PP-Cs se comprometió en enero del año pasado a saldar la deuda en plazos en cuatro años, pero aún no ha comenzado a afrontar el pago de los 3.155.777 euros que supone la actualización.

La propuesta que trasladó el concejal Mendoza se basa en que la subida de sueldo del 0,9% decretada este año por el Gobierno central para los funcionarios solo es de obligado cumplimiento para el salario base y los complementos personales, pero no para los específicos, que en muchos casos son los más cuantiosos de la nómina. Por ello, PP-Cs plantea no aplicar la mejora a este último plus al conjunto de la plantilla, y con los ahorros cubrir parte del pago pendiente, en concreto, 773.262 euros. En esta cifra se contemplan cerca de 20.000 euros de las renuncias a la mejora salarial por parte de concejales y personal directivo.

Según fuentes de la negociación, la propuesta se ajusta a la ley, pero plantea serias dudas sobre el respeto al principio de igualdad en la plantilla del Consistorio. La oferta del gobierno viene motivada por la negativa del interventor al pago del específico acumulado al considerar que vulnera el crecimiento salarial máximo permitido.

Por ello, los sindicatos entregaron una contraoferta con la que, aseguran, se daría respuesta a sus reivindicaciones de forma legal. En concreto, apuestan por modificar las funciones previstas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de tal forma que se justifique la actualización del plus. «Valoraremos la propuesta para comprobar que se ajusta a la ley», indicaron desde Personal.