zaragoza

Los acusados por una ola de robos en viviendas de la capital afrontan hasta 52 años de cárcel

La Policía encontró en un piso alquilado en el barrio Oliver joyas, videoconsolas, ‘tablets’ y otros efectos sustraídos.

Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.
Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.
Toni Galán

Los tres presuntos integrantes de una banda que asaltó al menos siete viviendas en la capital aragonesa durante el verano de 2019 se enfrentan a distintas peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía que suman una pena conjunta de 52 años y 3 meses. Dos de de los procesados, John A. y Ronald J. se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza, mientras que el tercer encausado, Alexandre G., se encuentra en paradero desconocido. Se les imputan hasta siete delitos de robo con fuerza en casa habitada y un delito de participación en organización criminal. La acusación particular de uno de los afectados, representado por la letrada Virginia Laguna, solicita cinco años y medio de prisión para cada uno de ellos.

Los procesados, que según dijeron residen habitualmente en Madrid, alquilaron durante tres días un piso en la calle de Alejandro Oliván, en el barrio Oliver, a través de la plataforma Airbnb. El Ministerio Público considera que lo emplearon como base de operaciones para los robos cometidos la penúltima semana de julio, aunque durante el juicio los acusados lo negaron. «Alquilamos el piso porque era el cumpleaños de una amiga colombiana que vive en Zaragoza y vinimos a celebrarlo con ella», alegó Ronald J., quien aseguró que nada más llegar a la capital aragonesa dejó sus pertenencias en el piso, bajó a desayunar con sus amigos y fue entonces cuando la Policía Nacional les puso las esposas.

Sin embargo, los investigadores detuvieron al trío lejos de la vivienda de uso turístico, en el Actur, cuando marchaban a bordo de un Toyota Corolla Verso de color oscuro y con los cristales tintados, un vehículo que coincide con la descripción aportada por un testigo que vio al coche marcharse de uno de los inmuebles en los que se perpetró un robo. Dentro del maletero del turismo había un maletín con herramientas que, según explicaron durante el juicio los agentes instructores del caso, «son las empleadas habitualmente tanto los cerrajeros en su desempeño diario como los ladrones que buscan reventar una puerta para acceder a un domicilio». Días después, la Policía Científica determinó que los utensilios intervenidos coincidían con los utilizados en los siete inmuebles donde entraron los cacos.

Por si no fueran suficientes indicios, el propietario del Airbnb, en vista de que sus arrendadores habían abandonado el piso sin llevarse las maletas, contactó con la Policía, ya que horas después llegaban otros clientes y necesitaba despejar el piso. Los agentes comprobaron que algunos de los objetos que contenían (cámaras de fotos, videoconsolas, relojes, joyas...) coincidían con aquellos que habían desaparecido en los pisos de los denunciantes, lo que permitió estrechar aún más el cerco.

Otra de las pruebas que incriminaría a Ronadl J. es la grabación captada por la mirilla de una vivienda de la calle de la Juventud, en Santa Isabel, que lo ubica cerca de uno de los hurtos. Su abogado puso en duda las imágenes y consideró que la tarjeta donde se guardan «pudo ser manipulada», ya que «no se han hecho las pruebas» periciales necesarias para certificar su validez.

Las culpas, al ausente

Los dos declarantes cargaron ayer de culpa a su amigo ausente. Apuntaron que los efectos encontrados en las maletas los había adquirido este a un amigo «en un McDonald’s» con la intención de enviarlos a compatriotas en Colombia». Asimismo, coincidieron en que el vehículo en el que viajaban cuando los funcionarios les localizaron era suyo, lo mismo que la completa colección de herramientas de cerrajero.

La segunda y última sesión del juicio se celebra hoy con la declaración de los agentes de la Policía Científica. Los hechos, según explicó un funcionario, se enmarcaron en una operación denominada ‘Sable’ y que pretendía cortar de raíz la ola de robos.

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