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Zaragoza
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La Fiscalía rebaja la gravedad de la supuesta falsedad cometida por el alcalde de Cosuenda

Acusa a Óscar Lorente de falsificar una firma para registrar una reparcelación, pero ya no solicita cárcel sino inhabilitación. El vecino que lo denunció pide en el juicio 6 años de cárcel.

El alcalde de Cosuenda, a punto de entrar en la sala de vistas de la Audiencia de Zaragoza.
El alcalde de Cosuenda, a punto de entrar en la sala de vistas de la Audiencia de Zaragoza.
Toni Galán

El alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente, tuvo que sentarse ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza para responder de una querella por delitos de prevaricación y falsedad en documento público que podría acarrearle hasta seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación. Porque esa es la pena que solicita para él un vecino que se siente perjudicado por las obras de construcción de la circunvalación del municipio, proyecto que obligó a reparcelar en 2017 su finca, derruir el vallado perimetral y arrancar varios magnolios. Según el denunciante, el regidor podía haber comenzado los trabajos por otro lugar, pero decidió hacerlo por sus terrenos por el «odio» que le profesa. «No sé el porqué, él sabrá. Siempre me ha perseguido», manifestó el querellante ante el tribunal.

La querella de este vecino –que nació y tiene propiedades en Cosuenda, aunque reside en Zaragoza– hizo que la Fiscalía también pidiera inicialmente cuatro años de prisión para Lorente, quien se dio de baja en el PSOE cuando la jueza de instrucción de Daroca dictó auto de apertura de juicio oral por esta causa. El Ministerio Público nunca apreció prevaricación en la conducta del regidor, pero sí una presunta falsedad. Y ¿por qué considera que el alcalde cometió este delito?, porque una perito caligráfica mantiene que fue él y no la secretaria accidental quien firmó la documentación que se presentó en el registro de la propiedad para tramitar la reparcelación de la finca del denunciante.

Sin embargo, tras escuchar ayer al acusado y al resto de testigos, la Fiscalía modificó su escrito de calificación. Y aunque todavía cree que Óscar Lorente actuó de forma ilícita, ahora considera que su proceder tuvo una «escasa trascendencia» a efectos jurídicos.De ahí que retirara la petición de cárcel y propusiera al tribunal que se le condene conforme al artículo 398 del Código Penal, que contempla únicamente la pena de suspensión de seis meses a dos años.

«Cada vez que levanto una piedra en su calle me pone un denuncia penal», manifestó el alcalde

«Solo puse unas mayúsculas»

El regidor, que accedió al cargo en 1995 y lo sigue ejerciendo actualmente, negó ayer haber actuado contra la ley. El investigado no ocultó los problemas que tiene con el querellante: «Cada vez que levanto una piedra en su calle me pone un denuncia penal», manifestó, para justificar también por qué la circunvalación todavía no está acabada. «No está aún asfaltada, pero es una vía de zahorra compactada por la que pasan ya todos los camiones de ganado y mercancías insalubres que van a la cooperativa», remarcó. Según Lorente, el objetivo de la obra era  evitar que este tráfico atravesara el centro del pueblo. «Más de 20 afectados cedieron suelo de forma gratuita, solo este hombre y otra persona alegaron», apuntó.

Para el alcalde, que también ejerce como diputado provincial, fue la falta de secretario municipal durante «un par de meses» la que le obligó a nombrar a una auxiliar como secretaria accidental. Sin embargo, las acusaciones creen que eso no justifica que falsificara la firma de esta mujer. «Yo no falsifiqué ninguna firma. Lo único que hice fue poner su nombre con mayúsculas debajo de los puntos suspensivos y añadir la palabra accidental», declaró Óscar Lorente, al que la acusación particular, a cargo de la letrada María Jesús Sariñena, reprocha que tuviera tanta prisa en presentar la documentación.

Cuando los magistrados preguntaron después a la empleada municipal si había firmado los papeles que el alcalde llevó al registro, esta explicó que lo hizo solo en las páginas de las georreferencias. Cabe recordar que la primera vez que se presentó el expediente, el registro lo devolvió al Ayuntamiento porque faltaban las mencionadas geolocalizaciones. La defensa, a cargo de José Antonio Sanz, pide la absolución.

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