zaragoza

A juicio por una paliza que dejó a un joven un mes en la uci y otro medio año ingresado

El acusado, que habría dejado a la víctima "tendida en un charco de sangre" se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel.

La Audiencia Provincial ha absuelto a la farmacéutica acusada.
La Audiencia Provincial juzgará al encausado por la paliza.
Raquel Labodía

La Audiencia de Zaragoza juzgará próximamente a Daniel Z. A. por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por los tres puñetazos que supuestamente propinó a un joven a las puertas de una discoteca de la capital aragonesa y que lo dejaron un mes en la uci, otro medio año ingresado y con graves secuelas físicas que todavía arrastra. La grabación de la agresión, que habría sido recogida por las cámaras del club, fue presentada como prueba tanto por la Fiscalía como por la acusación particular. Ambas piden la misma pena de cárcel, siete años, aunque difieren en la cantidad con la que se debería indemnizar al joven, que tras salir del Hospital Clínico recibió tratamiento de neurorehabilitación durante 123 días en un centro especializado de Badalona y tardó en curar de sus lesiones nada menos que once meses.

Los hechos que sentarán al encausado en el banquillo se remontan al 30 de septiembre de 2018. A primera hora de aquel domingo, hacia las 6.12, Daniel Z. A., que tiene antecedentes por tres delitos de lesiones, fue expulsado de la sala Supernova de Zaragoza por los porteros de la empresa que se encarga de la seguridad. Al parecer, habría protagonizado un incidente en el interior, y al no ser la primera vez que sucedía los responsables de seguridad llegaron a prohibirle la entrada. El acusado, que según las conclusiones provisionales del Ministerio Público se encontraba «muy alterado y agresivo», coincidió en la puerta del recinto con la víctima, de 27 años (cuatro más que el presunto agresor), residente en un pueblo de la provincia y que se había trasladado ese fin de semana a la capital aragonesa para asistir a una boda.

En vista de que Daniel Z. A. trataba de encararse con los porteros, intentó calmarlo e incluso se interpuso en su camino cuando subía las esclaeras de acceso, lo que habría motivado una reacción violenta en forma de «tres fuertes puñetazos en la cara y en la cabeza», tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, «pudiendo esa acción, dada la violencia ejercida en los golpes, haber acabado con su vida». La víctima cayó al suelo y quedó tendida en un charco de sangre de una extensión de un metro, mientras el supuesto agresor, defendido por el abogado Enrique Trebolle, habría abandonado el lugar «andando tranquilamente».

La acusación particular, ejercida por el letrado Pedro Roche, considera que la responsabilidad civil derivada de la agresión incumbe no solo al procesado, sino también a Ribera Dance S. L. (la sociedad titular de la sala de fiestas), a la empresa de seguridad (Producciones Inzapif 2018, representada por la abogada Marina Ons) y a sus correspondientes compañías aseguradoras.

Podría haber muerto

El informe médico determina que «dada la extensión y gravedad de las lesiones encefálicas producidas, de no haber recibido asistencia se podría haber desencadenado la muerte del lesionado». Este sufrió fracturas y hematomas en huesos de la frente, la mandíbula, las fosas nasales, así como daño axonal difuso, una lesión encefálicas «devastadora».

Para su recuperación, el agredido precisó de ventilación mecánica prolongada, endoscopia digestiva e intubación orotraqueal, entre otros cuidados médicos. La acusación particular alega perjuicio personal básico por trastorno cognitivo y daño neurológico leve, por las que reclama, en concepto de indemnización, 284.576 euros, más otros 4.000 euros por daño emergente de asistencia sanitaria futura, incrementada en un 20% por las lesiones y secuelas sufridas. A esta solicitud se sumarían otras pequeñas cantidades por gastos acreditados y la imposibilidad de trabajar durante la recuperación tanto del joven como de sus padres, que se desplazaron con él a Zaragoza, primero, y a Badalona, después.

El procesado estuvo en prisión preventiva un año y 4 meses para quedar en libertad provisional.

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