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Vecinos de San José se movilizan para pedir viviendas de alquiler social en Alumalsa

La entidad vecinal del zaragozano barrio de San José pide un uso social de los terrenos de la antigua fábrica que prevé vender el Ayuntamiento de Zaragoza.

Terrenos de la antigua fábrica de Alumalsa, en San José, que contemplan 106 viviendas
Terrenos de la antigua fábrica de Alumalsa, en San José, que contemplan 106 viviendas
Guillermo Mestre

La Asociación Vecinal de San José de Zaragoza volverá a movilizarse a partir del próximo domingo, 25 años después de iniciar las protestas por la situación de los solares de la antigua fábrica de Alumalsa. En esta ocasión, reclaman viviendas de alquiler municipal en los terrenos que ahora proyecta vender el Ayuntamiento de Zaragoza.

La entidad vecinal recuerda en una nota de prensa que en los años 90 del pasado siglo el vecindario de San José intervino activamente en la limpieza del vertedero en el que se habían convertido los solares de Alumalsa, junto al Canal, al tiempo que reivindicaba un centro deportivo y viviendas en la zona.

Las movilizaciones culminaron en 1996 con una gran manifestación encabezada por la pancarta "menos recalificar, más solucionar", gracias a la que parte de los terrenos acogen en la actualidad el centro deportivo municipal Pepe Garcés mientras el resto de la parcela se usa como estacionamiento.

El Ayuntamiento como propietario de esos suelos pretende su venta para la construcción de 106 viviendas libres a los que desde la asociación y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se preguntan quién podrá acceder, ya que calculan un coste de 500.000 euros.

"No serán los jóvenes del barrio, muchos de ellos en paro; tampoco las familias mileuristas; o algunos de nuestros mayores que residen en viviendas sin ascensor ni calefacción, con barreras arquitectónicas", advierten desde estas entidades, que rechazan dicha venta de suelo.

Frente a esa venta, los vecinos reclaman la construcción de 106 viviendas municipales en régimen de alquiler, la ejecución de equipamientos públicos en el solar como guardería o centro de mayores; la construcción de un estacionamiento público subterráneo y el acondicionamiento de la orilla izquierda del Canal.

Dichas organizaciones advierten que los patrimonios públicos del suelo, como éste, "representan una reserva de las administraciones públicas con la que incidir en una política de vivienda garantizando el derecho universal a la vivienda saludable, apropiada y asequible, en los términos de la Carta de Leipzig".

Denuncian que la operación de venta, con el beneficio de inversiones públicas en la zona como la prolongación de Tenor Fleta o la proximidad del Canal Imperial, "pretende crear un sector residencial de alto standing vedado, por sus elevados precios, a las clases populares".

Es por lo que todos los segundos domingos de mes a partir del próximo los vecinos se van a movilizar delante del Centro Municipal Pepe Garcés para exigir que el urbanismo no se diseñe "exclusivamente en despachos con moqueta, sino que también debe contar con la participación de la ciudadanía", en rechazo a que los suelos se destinen para viviendas que "únicamente las puedan costear unos pocos" y a favor de una intervención municipal en aras a una vivienda digna y asequible en el barrio. 

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