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Los condenados por la marcha contra Vox en Zaragoza exigen una pericial «útil» de los vídeos
Las defensas confían en que el TSJA tumbe las penas de 6 años de prisión impuestas a 4 jóvenes por los graves disturbios que se registraron en el campus universitario en enero de 2019.
Los abogados de los cuatro jóvenes condenados a seis años prisión por los graves disturbios registrados el 17 de enero de 2019 en el campus universitario de la plaza de San Francisco de Zaragoza han recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Y lo hacen porque consideran que no se les puede imponer semejante castigo cuando fueron identificados por la Policía «simplemente» por su vestuario o por las rastas y no por su fisonomía. Máxime, añaden, cuando hay grabaciones que permitirían saber si cometieron o no los delitos que se les imputan.
Con este argumento y aferrándose a los vídeos, las defensas confían en que el TSJA tumbe el fallo de la Audiencia Provincial que condenó a Francisco Javier A. V. (23 años), Antonio Daniel L. D. (21), Adrián L. R. (22) e Imad M. B. (28) por los los altercados registrados tras la macha antifascista contra Vox.
El abogado Rafael Ariza recuerda que supieron de la existencia de las grabaciones en pleno juicio y de forma «sorpresiva», ya que fue el jefe de seguridad de la Universida de Zaragoza quien al declarar como testigó reveló su existencia. Y aunque el tribunal las aceptó como prueba y permitió su posterior visionado en sala, a la hora de dictar sentencia las calificó de «inútiles» porque no tenían suficiente claridad y solo aparecían «siluetas».
Una prueba "incuestionable"
Pero las defensas no comparten la opinión de los magistrados de la Sección Sexta. «No se puede disponer de una prueba tan objetiva e incuestionable como las grabaciones de unos hechos delictivos y renunciar al análisis de las mismas por medios técnicos, cuando de ello puede depener la acreditación de la participación o no de los acusados en los hechos», argumentan.
Para el letrado Rafael Ariza, es evidente que un visionado rápido de las imágenes en la sala de vistas de la Audiencia Provincial no basta para distinguir a cuatro personas entre las «entre 80 y 100» que había en el campus. Para esta parte, resulta «difícil de entender» que la Policía no diera importancia en su día a los vídeo y los analizara. «Porque dispone de medios y lo ha hecho en otras ocasiones», apunta.
Por ello, las defensas solicitan ahora que se acepte una prueba pericial que permita examinar los vídeos con detalle, ampliar los fotogramas y valorar si los condenados participaron o no de forma activa en los altercados.
Los jóvenes fueron declarados autores de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado, no así del de lesiones que les atribuían la Abogacía del Estado y la Fiscalía por lanzar piedras a los antidisturbios y herir a varios.
