Las restricciones a los vehículos más contaminantes afectarán a unos 35.000 turismos de Zaragoza

Comenzó Barcelona vetando los vehículos más antiguos en su casco histórico, continuó Madrid limitando velocidades por la contaminación en la M-30 y, por indicación de la Unión Europea, todas las grandes ciudades, más temprano que tarde, tienen que adoptar fórmulas para reducir de forma drástica las emisiones del tráfico privado que sufren los habitantes de las ciudades. Zaragoza prevé crear una zona de bajas emisiones a partir de 2023, en la que se prohibirá el paso a los coches de gasolina de más de 21 años y a los diésel de más de 15. ¿A cuántos coches podría afectar esta restricción?

Según los datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico, el parque de vehículos de la provincia ascendía el año pasado a 423.298 turismos. De estos en torno al 70% están en la capital y son unos 35.000 los matriculados antes del año 2000 que aún permanecen en circulación (en torno al 13% del parque móvil). Todos estos no podrían acceder a calles tan importantes como el paseo de la Constitución, Independencia o San Vicente de Paúl, dado que el área en el que está previsto vetar la circulación de los vehículos más contaminantes es la que queda dentro del llamado ‘segundo cinturón’, esto es, el que imponen los ejes del paseo de Pamplona y Echegaray y Caballero (aunque podría ampliarse hasta Valle de Broto en un futuro próximo).

Al citado cálculo de 35.000 turismos habría que sumar también las furgonetas -muchas de ellas de reparto que tienen que acceder al centro-, aunque el plan contempla excepciones “considerando las necesidades de residentes, mercancías y servicios públicos”. En la provincia hay hasta 41.684 furgonetas matriculadas, pero los incentivos para favorecer la transición hacia vehículos limpios ha funcionado en este sector y son pocas las furgonetas antiguas (menos de un millar) que aún se ven circulando por la capital.

Desde el año 2018, la DGT estudia qué distintivo medioambiental posee cada vehículo que tiene registrado y, en lo relativo al parque móvil zaragozano, hay hasta 140.702 turismos que o no disponen de ninguno o se desconoce su categoría, generalmente, por haber sido matriculados hace más de veinte años. Apenas hay 371 turismos con la etiqueta ‘cero emisiones’ y 6.421 con el distintivo ‘eco’, esto es, amigables con el medio ambiente, muchos de ellos eléctricos o propulsados con gas natural. En estos casos, en los parabrisas se suelen ver pegatinas de color azul o verde. Los expertos calculan que un solo coche matriculado hace veinte años puede llegar a contaminar lo mismo que 30 vehículos vendidos en 2020.

Una buena parte de los turismos de la provincia (125.291) lucen la llamada etiqueta C, que hace referencia a que han sido matriculados a partir de enero del 2006 (si son diésel, de 2014), con lo que podrían seguir circulando por esta almendra central imaginaria de Zaragoza. El color de su etiqueta es amarillo y estarían por encima de ‘la nota de corte’ para poder pasar por César Augusto o el paseo de Pamplona. En “escenarios críticos de contaminación” ya están siendo vetados también en otras ciudades, pero -de momento- en Zaragoza sí pasarían la criba. Peor sería el caso de los que han obtenido la llamada etiqueta B (hasta 150.583 coches en toda la provincia, de los que se calcula que unos 35.000 circulan a diario por la capital), que tendrían menos ventajas porque cuando llegue 2023 ya superarían el baremo crítico de haber sido matriculados hace más de veinte años.

Advierten las administraciones que aún hay más de 116.000 sin ningún tipo de distintivo ambiental y el Gobierno prevé que a partir de 2025 se prohíba la circulación de vehículos sin este tipo de certificaciones.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que serán cámaras lectoras las que controlarán las entradas al área sensible, a imagen y semejanza de otras ciudades europeas que han hecho experimentos con otras fórmulas para tratar de reducir su contaminación. Lo cierto es que el centro de la captital aragonesa ya se ha visto liberado de la intensa circulación que soportaba hace escasos diez años, sobre todo, por el recorte de carriles con el desembarco del tranvía. También la extensión de la malla ciclista y la semipeatonalización de calles como el Coso o Don Jaime I ha contribuido a que el tráfico en el centro en una década haya caído a la mitad. En Gran Vía el descenso es incluso mayor, pero sirva el botón de muestra de la plaza de Paraíso, por donde en 2006 pasaban 110.000 vehículos al día y hoy no lo hacen más de 60.000.

¿Cuáles son las otras calles del centro que soportan mucho tráfico y podrían beneficiarse de estas restricciones? Echando un ojo a los mapas de aforos, se comprueba cómo a diario pasan por Constitución 13.600 coches en cada sentido y en su entronque con el paseo de la Mina lo hacen 34.800. Por San Ignacio de Loyola pasan 6.500 turismos diarios y por Arquitecto Yarza, por citar otro ejemplos, circulan unos 3.250.

En aras de “una ciudad más saludable y con más espacio para las personas”, el departamento de Servicios Públicos aún está afinando cómo será una propuesta, que ya se incluía en el último Plan de Movilidad Urbana Sostenible aunque con un horizonte más lejano: hace un par de años se preveían las primeras pruebas para el año 2027. Recuerdan fuentes municipales que la decisión, además, es obligada por la venidera ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que compromete a todas las localidades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones. La asunción de la norma, no obstante, será paulatina y “no traumática”, pues los residentes en el área podrán formar parte de “un listado de excepciones”. Hay que contar -además- de que en Zaragoza la calidad del aire suele estar por encima de la media española y que, salvo en episodios puntuales de boinas de contaminación, la capital aragonesa nunca recibe tirones de orejas por parte de Bruselas porque el cierzo es un gran aliado del valle del Ebro y su efecto ventilador barre las partículas en suspensión.

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