El Ayuntamiento de Zaragoza restringirá el acceso al centro de los vehículos más contaminantes antes de 2023
PP-Cs creará una zona de bajas emisiones vetada a coches de gasolina de más de 21 años o diésel de 15. Cámaras lectoras de matrículas controlarán las entradas al área, que abarcaría el segundo cinturón.
Los vehículos con motor gasolina que superen los 21 años de antigüedad y los de diésel de más de 15 no podrán acceder al centro de Zaragoza. Es el límite que ha marcado el Ayuntamiento para poner en marcha la primera zona de bajas emisiones, una medida para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades que será de obligado cumplimiento en 2023. De momento, el gobierno PP-Cs ha incluido su regulación en la nueva ordenanza de movilidad, cuya tramitación comenzará en las próximas semanas, y define estos días cuál será su extensión. Presumiblemente coincidirá con el segundo cinturón, la circunvalación que crean los paseos de Pamplona y María Agustín con Echegaray y Caballero.
La exclusión de los vehículos menos sostenibles del centro de las ciudades es una herramienta que los ayuntamientos llevan tiempo estudiando, e incluso ya se ha puesto en marcha en grandes capitales como Madrid. En Zaragoza, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del anterior gobierno de ZEC ya planteaba su puesta en marcha, aunque sin plazos ni concreción. Ahora, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que ha iniciado su andadura en el Congreso de los Diputados con la intención de ser refrendada esta primavera, prevé obligar a las localidades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones.
La propuesta del equipo de gobierno de Jorge Azcón pasa por restringir el acceso al centro de la capital aragonesa de los vehículos más contaminantes, pero empezando con unos márgenes "no traumáticos", que permitan a los vecinos de la ciudad «empezar a acostumbrarse» al nuevo sistema, según explican desde el área de Movilidad que dirige la concejal Natalia Chueca.
De momento, quedarán excluidos los motores gasolina de más de 21 años y los diésel de más de 15, pero en el futuro, "conforme se vaya rejuveneciendo el parque automovilístico", se podrían endurecer esos límites. En cualquier caso, los vecinos de la zona afectada y aquellos que tengan allí sus centros de trabajo pueden estar tranquilos, ya que sus vehículos formarán parte del listado de excepciones, de tal forma que podrán seguir circulando independientemente de su antigüedad.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que se quiere enfocar el proyecto como una campaña de concienciación para fomentar la movilidad sostenible, en sintonía con las directrices que viene marcando en los últimos años la Dirección General de Tráfico (DGT), con cuyos responsables está en permanente contacto el gobierno PP-Cs para la redacción de la nueva ordenanza.
Contrato de la zona azul
Para controlar el acceso al área restringida, Zaragoza ha optado por el sistema más extendido en otras grandes ciudades. Una red de cámaras distribuidas por las vías de entrada y salida a la zona de bajas emisiones permitirá leer las matrículas de todos los vehículos que circulen por sus calles. El sistema cotejará las imágenes con una base de datos en la que figurará el censo del parque automovilístico, incluidos los más contaminantes y, por tanto, excluidos. Si se registra el paso de alguno de ellos, el centro de control emitirá una propuesta de sanción a través del Ayuntamiento.
El servicio estará en manos de una empresa, en concreto, la que se haga con el futuro contrato de gestión de la zona azul y naranja de la capital aragonesa. El gobierno PP-Cs trabaja desde hace meses en los pliegos de la licitación, que permitirán la modernización del estacionamiento regulado, con una notable ampliación del número de plazas por casi todos los barrios (pasarían de las 6.569 actuales hasta cerca de 24.000), y el uso de nuevas tecnologías para el control de accesos a calles restringidas, la carga y descarga y la citada zona de bajas emisiones.
El Consistorio prorrogó un año la vinculación con la actual contrata de la zona azul, Z+M, para ganar tiempo dada la complejidad de los pliegos, de tal forma que la adjudicación del nuevo contrato no llegará, previsiblemente, antes de 2022. En cualquier caso, el gobierno PP-Cs se marca como límite para poner en marcha la zona de bajas emisiones su propio mandato, que finaliza en 2023, y cumplir así con la normativa estatal.
