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La Audiencia ordena reabrir la causa contra 3 falsos podólogos de Zaragoza por intrusismo 

El Colegio Oficial de Aragón denunció a una enfermera, su marido y su suegra por ofrecer servicios y diagnósticos sin estar diplomados.

El tratamiento varía pero en general suele ser suficiente con unas plantillas ortopédicas.
El tratamiento varía pero en general suele ser suficiente con unas plantillas ortopédicas.
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Una denuncia del Colegio Oficial de Podólogos de Aragón hizo que el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza abriera diligencias penales contra una enfermera, su marido y su suegra por diagnosticar y prestar servicios  para los que supuestamente no estaban autorizados en una centro ortopédico de la capital aragonesa. Sin embargo, tras una serie de pesquisas, el juez entendió que no había indicios de delito y archivó la causa. No conforme con la decisión, el denunciante recurrió el  auto ante la Audiencia Provincial, que ha ordenado ahora reabrir la investigación y seguir investigando a los encausados como presuntos autores de un delito continuado de intrusismo profesional para el que el Código Penal contempla penas de hasta dos años de prisión.

A la hora de anular el archivo de las diligencias, el magistrado de la Sección VI Carlos Lasala recuerda que una de las investigadas es diplomada en Enfermería, pero no en Podología. En cuanto a su pareja y la madre de este, son técnicos superiores ortoprotésicos, pero no son diplomados en Podología, por lo que únicamente pueden elaborar las prótesis que haya recetado un médico o un podólogo, en el caso de plantillas para los pies.

«Tales límites legales parece que no los han respetado los investigados desde el momento en que en su página web y en Facebook anunciaron que en su centro realizan el servicio de biomecánica del pie y estudio del pie dinámico mediante el sistema BioFoot», señala ahora la Audiencia de Zaragoza.

El Colegio Oficial de Podólogos de Aragón contrató un detective para averiguar cuáles eran los servicios concretos que ofrecía el establecimiento y comprobó que la enfermera denunciada atendía personalmente a los pacientes en una consulta anexa a la ortopedia y hacía diagnósticos de las patologías de los pies. Según el investigador, la encausada no pide a los pacientes ningún volante médico ni tampoco la derivación al centro por parte de un    facultativo o un podólogo. Sin embargo, asegura el detective, prescribe plantillas a los pacientes o les dice que no las necesita.

«Todo esto constituye indiciariamente claras intromisiones en el cargo de la profesión del diplomado en Podología, desde la eliminación de callos y durezas –la actividad más simple–, hasta los estudios dinámicos de la marcha mediante carrera en una cinta», señala. La Audiencia reprocha    también a los investigados que nieguen expresamente a aportar «ni una sola receta médica» de un facultativo o podólogo alegando que son datos personales de sus clientes, «cuando estarían    amparados por la eximente de estado de necesidad».

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