Manuel Bellido: "El TSJA nunca ha sido beligerante con el Gobierno aragonés durante la pandemia"

La pandemia ha tensado bastante la relación entre el TSJA y la DGA. Sobre todo, después de que se tumbaran decisiones como el confinamiento de La Almunia. ¿Se han limado esos roces?

Yo no hablaría de roces. Al gobierno de la nación o al de Aragón le corresponde determinar qué medidas de lucha contra la epidemia considera más correctas y estas deben estar sujetas a control. Un control político por parte de las Cortes y un control de la legalidad por parte de los tribunales. Pero nunca debemos ver este control como una obstáculo a la labor del Gobierno, sino como una garantía de los derechos de los ciudadanos.

Pero se echaron atrás varias decisiones y se condenó al Gobierno aragonés por no proteger a los sanitarios.Se habló de un TSJA especialmente beligerante con el Ejecutivo aragonés.

Yo creo que las relaciones son buenas y de colaboración. Insisto, el TSJA hace una función de control, nunca ha sido beligerante conel Gobierno de Aragón. Ni mucho menos.

El presidente Javier Lambán se quejó de que las decisiones de los jueces no fueran uniformes en todas las comunidades. ¿Entiende que lo hiciera?

Eso es algo que resulta también difícil de entender al resto de ciudadanos. Pero hay que pensar que los tribunales actúan con plena independencia, algo fundamental en democracia. Y eso hace que diferentes tribunales puedan llegar a una conclusión distinta en casos similares. Normalmente, esa discrepancia se unifica ante un tribunal superior o ante el Supremo.

¿Dificultan los políticos el trabajo de la Justicia? ¿Cree que deberían contenerse a la hora de valorar sus resoluciones?

Los ciudadanos y los poderes públicos pueden dar su opinión sobre las decisiones judiciales, incluso criticarlas. Eso no es malo. Pero hay que hacerlo siempre desde el respeto. Y la crítica por parte de quienes ostentan responsabilidades políticas o institucionales tiene que ser siempre más prudente. Pero en sí, el hecho de opinar, es algo perfectamente legítimo.

De que ustedes los jueces no quieren asumir el rol de gobernantes podría ser un buen ejemplo la cuestión de inconstitucionalidad que ha presentado precisamente el TSJA. En ella cuestionan la reforma legal que les obliga a validar ciertas decisiones políticas antes de que se ejecuten.

Este es un caso muy importante, porque deriva de la reforma que se hizo el año pasado y que establece la necesidad de que determinadas medidas de prevención sanitaria en la lucha contra la covid sean previamente aprobadas por los tribunales. Y la Sala de lo Contencioso aquí tiene dudas acerca de si esa norma puede aceptar a la separación de poderes, porque convertiría a los tribunales en colegisladores o cogobernantes, cuando su función siempre ha sido controlar la actuación de la administración a posteriori, cuando se interpone un recurso.

Y en lo que es estrictamente su papel, ¿cómo cree que está respondiendo la Justicia a la crisis?

Cuando comenzó la pandemia, se preveía que a la crisis sanitaria le seguiría también una crisis económica y social que daría lugar a un aumento importante de la litigiosidad. Sin embargo, a día de hoy, ese incremento todavía no lo hemos notado. Es previsible que se produzca y que sea en los próximos meses, pero las cifras son todavía similares a las de otros años sin pandemia. En cualquier caso, la administración de Justicia ya está preparando programas de refuerzo, sobre todo en las jurisdicciones social y mercantil.

La prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo podría haber ralentizado ese colapso.

Posiblemente. Pensábamos que el aumento de la litigiosidad se iba a producir antes, pero estamos a comienzos de marzo y aún no ha llegado. Ahora va a desaparecer también la moratoria concursal y es posible que se produzca un incremento de concursos, pero todavía no lo sabemos con seguridad.

Los ciudadanos siguen obligados a pedir cita previa para acceder a los juzgados. ¿Cuándo prevé que se recupere la normalidad?

Es imposible decirlo, porque depende directamente de la mejora de la situación sanitaria, de todo el proceso de vacunación, de la remisión de la pandemia… Eso hace imposible dar plazos. Pero creo que hemos dado una respuesta positiva en cuanto a la modernización de la administración de Justicia con el uso de las nuevas tecnologías.

El Justicia de Aragón, sin embargo, alertaba esta misma semana del peligro de la brecha digital. Del riesgo de excluir a quienes no tienen medios o por edad les resulta complicado adaptarse.

Sin lugar a dudas, la brecha digital es uno de los problemas más importantes. Pero no solo en la Justicia, sino en todos los procesos de modernización tecnológica. Y eso exige que coexistan los nuevos modelos de acceso a la Justicia con los sistemas tradicionales.

También esta semana se han acercado posturas para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque sigue sin estar cerrada.

Para los jueces, la renovación del consejo es una necesidad. Lleva demasiado tiempo sin actualizarse y hacerlo es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del órgano. Con su renovación, se evitaría esa sensación de politización de la justicia que transmite la falta de acuerdo entre los partidos. Una imagen de politización que genera desconfianza entre los ciudadanos.

¿No cree que la forma en que ahora se elige a los vocales del CGPJ sigue pareciendo un mero intercambio de cromos?

Desde luego, esa imagen es muy negativa y ya advirtió sobre ese riesgo el Tribunal Constitucional en la conocida sentencia de 1986, cuando dijo que el sistema de elección actual era constitucional pero tenía el riesgo de trasladar la división política de la sociedad al poder judicial si los políticos se limitaban a elegir a los vocales atendiendo al peso que tenían en las cámaras. Y eso es lo que está pasando desde hace ya décadas.

Y su receta para evitarlo, ¿cuál sería?

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa recomienda para España y para todos los países europeos que una parte de los vocales de sus órganos de gobierno del poder judicial sean elegidos por sus jueces. Yo creo que este sistema transmitiría una menor politización.

Hablando de reformas. ¿Espera que esta sea por fin la legislatura en que se apruebe la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal?

Ha habido muchos intentos, pero yo confío en que esta vez se apruebe, porque es una necesidad que se siente como tal desde hace muchos años. La LEC es de 1882, ha sido reformada más de 70 veces, y la mayoría después de la Constitución. Habrá que esperar a conocer el texto definitivo, pero se dan cambios muy relevantes, como el de que sean los fiscales quienes asuman la instrucción y dirijan la investigación.

¿Habrá jueces recelosos?

Habrá opiniones para todos los gustos, también entre los fiscales. Pero en el entorno europeo ya se funciona de esta manera. Además, siempre habrá un control judicial.

Manuel Bellido, en el palacio de los Conde de Morata, sede del TSJA.

"Los tribunales no son aragoneses ni catalanes, son de la nación"

Dígame, ¿le genera cierta satisfacción que una reivindicación histórica como la devolución de los bienes religiosos a Aragón se produzca siendo usted presidente del TSJA?

Reconozco que se trata de un tema de una gran relevancia social en Aragón. Pero los tribunales están actuando como lo hacen siempre con en el resto casos. Es decir, aplicando la ley, resolviendo en derecho y con total y absoluta imparcialidad. Los tribunales no son aragoneses ni catalanes, son de la nación y resuelven con imparcialidad todos los asuntos que les ponen delante.

Tras el ‘goteo’ inicial, Lérida ha puesto por fin fecha a la devolución de todas las obras. Pero al ciudadano le queda la sensación de que no siempre se ha sido contundente a la hora de exigir el cumplimiento de los autos y sentencias.

Respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales, en este proceso de ejecución provisional de la sentencia, está pendiente precisamente ahora el Juzgado de Barbastro. Y por esta circunstancia, yo no me voy a pronunciar. No me gustaría que ninguna de mis palabras pueda ser malinterpretada.

A qué achaca que la causa de los Bienes Religiosos se haya eternizado en los tribunales, ¿a la propia lentitud de la administración de Justicia o un exceso de politización del asunto?

Yo creo que fundamentalmente se debe a la complejidad del asunto, que ha sido objeto de resolución en muchas instancias y que se ha prolongado durante muchos años. La administración de Justicia, obviamente, tiene medios limitados. Y esa falta de medios determina en ocasiones que se tarde más en resolver. Pero yo creo que se debe más a ese aspecto, aunque si hubiera habido un acuerdo entre las partes no hubiese sido necesario acudir a los tribunales y la solución hubiese llegado hace mucho más tiempo.

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