La Audiencia de Zaragoza absuelve al excalde de Malón al no quedar claro quién falsificó un convenio

El delito de falsedad documental se cometió, pero se ignora quién fue el autor y solo cabe la absolución de los acusados. A esta conclusión ha llegado la Audiencia de Zaragoza en el juicio contra el exalcalde de Malón José Ignacio Magaña Sánchez (PP) y el exsecretario-interventor E. A. F., a los que la actual regidora municipal, Ana Carmen Calavia (PSOE), acusó de falsificar un convenio para justificar las subvenciones concedidas a una asociación cultural. La Fiscalía nunca vio delito, pero la acusación particular pedía para ellos tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación.

La sentencia absolutoria recuerda que esta causa siempre tuvo un trasfondo político y que el propio juez instructor llegó a decretar su sobreseimiento provisional. Al hacerlo, ponía de manifiesto «las malas relaciones entre la denunciante y el secretario del Ayuntamiento, así como la falta de sinceridad y transparencia de la denunciante (actual regidora)». Pero tampoco ignora el tribunal que esta última recurrió el archivo y fue la Audiencia Provincial quien ordenó continuar las pesquisas que llevaron al exalcalde y al funcionario al banquillo. Y es precisamente este el motivo por el que los magistrados de la Sección Tercera no aprecian ahora temeridad o mala y no condenan a la acusación particular a hacerse cargo de las costas, como pedía la Fiscalía.

Los hechos que dieron lugar a la querella se remontan al 10 de septiembre de 2015 cuando, tras acceder al cargo, la nueva alcaldesa solicitó al secretario el original del convenio entre el Consistorio y la asociación cultural Calib. «Al día siguiente, el secretario le facilitó supuestamente un documento que tras las diversas investigaciones llevadas a cabo resultó ser falso, puesto que los sellos y las firmas de los intervinientes correspondían a una fotocomposición», señala ahora el fallo.

A la hora de concluir que el convenio aportado a la causa es falso, la Audiencia se ha basado en la pericial caligráfica que llevó a cabo una especialista de la DGA. Según esta, se manipularon los sellos y las firmas –que no son los originales– y se imprimió fuera del Consistorio, ya que se usó una impresora láser cuando en las oficinas municipales solo había una de inyección de tinta.

Sentado el hecho de que el supuesto original del convenio es falso, el tribunal recuerda que la dificultad radica en aclarar quién lo manipuló. Por las declaraciones de los testigos, considera que ese convenio realmente existió y se firmó en el Ayuntamiento. Como recordaba la defensa, a cargo del letrado Javier Osés, el documento que el secretario entregó a la alcaldesa –un día después de que a él se lo diera el exregidor y coacusado– estuvo bastante tiempo en manos de la denunciante hasta que lo llevó a la Fiscalía. Por lo tanto, una de las opciones que no puede descartar la Audiencia es que alguien lo cogiera del lugar donde estaba guardado y lo alterara.