La Audiencia de Zaragoza sienta este miércoles en el banquillo de los acusados a Melchor S. M., un jubilado de Calatorao al que la Guardia Civil detuvo hace ahora casi un año por captar a menores en los pueblos de su entorno para llevárselas a casa y acostarse con ellas a cambio de dinero o regalos, que variaban en función de lo que las chicas se dejaran hacer. A raíz de la primera denuncia, los investigadores identificaron a seis víctimas –una de ellas de 12 años–, pero sospechan que pudo haber más.

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía ha propuesto inicialmente una condena de 57 años: la mayor que se recuerda por abusos y corrupción de menores en Aragón. Sin embargo, fuentes judiciales confirman a HERALDO que la pena podría rondar finalmente los 32 años, ya que el procesado está dispuesto a confesar para no tener que    acabar sus días entre rejas. Cabe recordar que tenía 71 años cuando fue arrestado y enviado a prisión provisional, donde continua desde entonces pese a su intento fallido de obtener la libertad.

Al tratarse de un procedimiento sumarial, no cabe la conformidad y el tribunal tendrá que celebrar la vista, que estaba previsto que durase hasta el viernes. En cualquier caso, todo apunta a que el trámite será mucho más breve, ya que el pederasta llega dispuesto a reconocer unos abusos que hasta ahora siempre había negado. Admitía  los encuentros con las menores –a las que a veces iba a recoger a la puerta del instituto y facilitaba drogas–, pero nunca reconoció haberlas obligado a practicar sexo.

Ha adelantado 46.000 euros

La Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado José Antonio Correas, atribuyen al encausado hasta seis delitos, pero solo por el primero –abusos continuados a menores de 16 años– le piden doce años. Si, como está previsto, el vecino de Calatorao admite hoy los hechos ante el tribunal, las acusaciones reducirán la pena por este delito a seis años. Y ello garantizaría al pederasta no pasar más de 18 años preso, ya que, aunque la condena final ronde los 32 años, solo puede cumplir el triple de la mayor pena impuesta (6 años x 3 = 18 años).

Melchor S. M., al que defiende el letrado Javier Osés, ha abonado los 46.000 euros que exigía la Fiscalía como indemnización, lo que sumado a su edad, podría jugar además a su favor a la hora de lograr beneficios penitenciarios.