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Una perito cree manipulado un convenio por el que piden cárcel para el exalcalde de Malón

Una anomalía en el sello oficial del Ayuntamiento lleva a la especialista a decir que se trata de un fotomontaje. La actual regidora piensa que el documento se hizo a posteriori para justificar las subvenciones concedidas a una asociación cultural de la que el investigado era tesorero. 

Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
Francisco Jiménez

Un supuesto convenio firmado por el Ayuntamiento de Malón con la asociación cultural Calib por el que esta recibía entre 30.000 y 40.000 euros anuales para organizar las fiestas del pueblo ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza al exalcalde José Ignacio Magaña Sánchez (PP) y al que fuera secretario-interventor municipal, E. A. F. La que denunció a ambos fue la actual regidora, Ana Carmen Calavia (PSOE), quien mantiene que los encausados fabricaron el documento a posteriori para intentar justificar las subvenciones. Y llega a esta conclusión basándose en un estudio caligráfico de una perito de la DGA que asegura que la firma y el sello del documento bajo sospecha no son los auténticos. Por ello, la acusación particular acusa a los investigados de un delito de falsedad en documento público y pide para ellos penas de 3 años de prisión y 2.100 euros de multa.

Pero ni la Fiscalía ni la defensa aprecian delito alguno. La primera ha recordado durante su informe que si bien hay una especialista que mantiene que el convenio aportado a la causa es un fotomontaje, “en ningún momento ha quedado acreditado quién ha podido alterar dicho documento”. En la misma línea, el abogado Javier Osés, que representa a los encausados, ha insistido en que, desde que se entregó el original a la alcaldesa, “nadie sabe qué ha pasado con ese escrito”. De ahí que tanto el ministerio público como la defensa exijan una sentencia absolutoria.

Los hechos que han dado lugar a esta causa se remontan a 2015 cuando, tras acceder al cargo, la nueva alcaldesa solicitó al secretario municipal el original del convenio entre el Consistorio y Calib. “En un primer momento yo le entregué la copia que había en la carpeta de contratos, pero ella me pidió después que solicitara el original a la anterior corporación”, ha explicado E. A. F. a los magistrados de la Sección Tercera. “Llamé al anterior alcalde para solicitárselo y en cuanto me lo entregó se lo entregué a la actual alcaldesa. Esa fue toda mi participación en estos hechos. He sido un mero transmisor”, ha apostillado.

El exsecretario cree que a fecha de 1 de agosto de 2011 el convenio existía. “Yo creo que lo firmaron y dejaron una copia en el Ayuntamiento y la otra se la llevaron, algo absolutamente normal”. En cualquier caso, ha recordado que él no custodiaba este tipo de documentos y que trabajaba en un espacio abierto. El investigado ha reconocido que la relación entre él y Ana Carmen Calavia no era buena y existían enfrentamientos previos. De hecho, ha recordado que lo cesaron por supuesta desviación de poder e impugnó la resolución.

"Me lo dieron y lo entregué"

Por su parte, el exalcalde José Ignacio Magaña Sánchez ha asegurado que el convenio existía y que él mismo lo redactó en su puesto de trabajo, donde dice que también lo imprimió. Según este, cuando el secretario le pidió el documento original, le preguntó a la presidenta de la asociación cultural Calib si lo conservaba. “Me lo dieron y se lo entregué”, ha explicado. La acusación particular, a cargo de Luis Alberto Murillo, le ha preguntado si él tenía alguna vinculación con el colectivo que recibía las ayudas y ha reconocido que era el tesorero.

La perito de la DGA que analizó el convenio aportado a la causa ha sido tajante: “No es un documento original. Ni la firma ni el sello son auténticos”. Para justificar su conclusión, la experta en caligrafía ha detallado que el sello del Ayuntamiento que aparecía en el documento tenía una muesca o grieta, y que esa anomalía no se detectó en los papeles tramitados por el Consistorio hasta 2015. De ahí que considere que ese convenio se elaboró a posteriori.

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