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Una comunidad de vecinos de Zaragoza se niega a 'indultar' al gestor que los dejó sin ascensor

La Audiencia lo condenó a dos años de prisión y al pago de 18.921 € por apropiación indebida, pero seis meses después aún no ha devuelto nada y los perjudicados se oponen a que le suspendan la pena.

El acusado, junto a su abogado, en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza.
El acusado, junto a su abogado, en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza.
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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de confirmar en su integridad la sentencia por la que la Audiencia de Zaragoza condenó a dos años de prisión y al pago de 18.921 euros al exadministrador de una comunidad de vecinos del barrio de La Paz. Los inquilinos del número 16 de la calle de José Lóbez Pueyo acusaban a Manuel Federico C.C. de llevarse los casi 80.000 euros que habían reunido para instalar el ascensor, por lo que recurrieron el fallo y exigieron una condena más severa. Sin embargo, como decía la primera sentencia, el TSJA recuerda ahora a los vecinos que al no haberse practicado una auditoria de cuentas resulta imposible cuantificar con precisión el dinero defraudado. Y, por lo tanto, solo cabo exigir al encausado el dinero que reconoció haberse apropiado.

El pronunciamiento de los magistrados coincide con la posición de la defensa, a cargo del letrado Joaquín Tortajada, quien siempre mantuvo que no había base probatoria para exigir más dinero a su cliente. La Fiscalía también pidió que se desestimara el recurso de apelación de los perjudicados, como ahora ha hecho el TSJA. Sin embargo, lo que podría haber sido un éxito para el condenado –que no verá aumentada la pena de cárcel ni la cantidad de dinero a pagar–, podría tornarse en fracaso. No en vano, Manuel Federico C. C. todavía ignora si acabará o no cumpliendo condena en el centro penitenciario de Zuera.

La defensa consiguió que los cuatro años de prisión que pedían los denunciantes se quedarán en dos, lo que le ha permitido solicitar la suspensión de la pena. Sin embargo, la Audiencia    Provincial todavía no se ha pronunciado al respecto y la comunidad de vecinos, representada por el abogado Antonio Miguel Rodríguez, ya ha mostrado su oposición a la concesión de esta gracia.

En contra del investigado –expulsado del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón en octubre de 2008 por «mala praxis»– pesan varias circunstancias. Por un lado, este ya fue condenado a seis meses de prisión en 2011 por otro caso de apropiación indebida, obteniendo entonces la suspensión de la pena. Pero es que esta vez, casi seis meses después de la sentencia, todavía no ha devuelto un solo euro a los perjudicados. Al confirmar el TSJA este último fallo, la Audiencia ha citado ahora el exadministrador para exigirle el dinero. Y como parece que no dispone de los 18.921 euros que adeuda a la comunidad de vecinos de la Paz, se ha ofrecido a devolver la suma a plazos. Será ahora el tribunal quien decida si el ofrecimiento ofrece o no garantías y si el condenado debe ingresar en prisión.

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