Juicio en Zaragoza: el cerebro de la trama de los contratos fantasma y otros 28 acusados confiesan el fraude a la Seguridad Social

La Fiscalía consiguió este lunes que el cerebro de la llamada trama de los contratos fantasma, Joaquín Giménez Franco, y otros 28 de los 41 investigados se reconocieran autores de un fraude que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) valoró en casi medio millón de euros. La mayoría de los encausados se valieron de estos empleos exprés para reclamar después el subsidio del paro, llegando a cobrar hasta 5.888 euros por solo dos días de trabajo. Pero los hubo que utilizaron también estos falsos contratos para conseguir un permiso de residencia en España o incluso para obtener el tercer grado penitenciario y salir de prisión.

Los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y la mayoría de las defensas permitirán que el macrojuicio que se iba a celebrar durante todo el mes de febrero se despache en apenas unos días. La Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza llevaba mucho tiempo preparando la logística del proceso, que dada la gran cantidad de encartados y las limitaciones de aforo que impone la covid-19 ha tenido que celebrarse en la sala de vistas más grande de la Ciudad de la Justicia. Sin embargo, el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Lasala, no podía ocultar ayer su satisfacción por la agilidad del juicio y un micrófono traicionero le cazaba felicitando a la fiscal Ana López Gastón por sus laboriosas pero eficientes negociaciones.

Gracias a su confesión, los responsables y ‘clientes’ de esta trama delictiva verán reducidas de forma considerable sus condenas. En cualquier caso, el pacto garantiza la recuperación de gran parte del dinero distraído entre los años 2009 y 2014, periodo en el que Joaquín Giménez, con ayuda de su hermano Samuel y otros cinco estrechos colaboradores, consiguió enriquecerse vendiendo contratos fantasma. Para ello se sirvió de ocho empresas tapadera:de construcción, agrícolas, de energía y hasta de reciclaje.

Los encausados se enfrentaban inicialmente a penas que sumaban 103 años de prisión y 14 millones de euros en multas, pero la sentencia establecerá condenas mucho más discretas. No en vano, el cabecilla de la trama ha firmado dos años de cárcel, cuando antes le pedían cinco. Y lo mismo han hecho sus acólitos. A todos ellos, la Fiscalía les ha apreciado la atenuante de reparación del daño tras adelantar cada uno hasta 32.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Para rebajarles la pena, también han tenido que pagar multas de 35.000 euros.

La mayoría de las personas que recurrieron al negocio ilícito de Joaquín Giménez para conseguir el paro u otros beneficios han pactado condenas de seis meses de prisión abonando previamente el dinero defraudado.

«Yo pensé que tenía un trabajo»

Pero no todos los encausados confesaron ayer haber actuado de forma consciente al margen de la ley. «Yo pensé que tenía un trabajo, no sabía que el contrato era falso», declaró Bambi F., una inmigrante africana afincada en Barcelona a la que ofrecieron un empleo en Zaragoza. «Me presentaron a Joaquín a través de un amigo y él solo me exigió 225 euros para pagar tasas y gastos de tramitación», explicó la acusada. «Me dijeron que trabajaría en una empresa que fabrica puertas y ventanas metálicas, y que yo tendría que limpiarlas antes de empaquetarlas. No dejaba de llamarle para preguntar cuándo empezaba, pero llegó un momento en que dejó de cogerme el teléfono», apostilló.

Como ella, otros dos acusados aseguraron al tribunal que estaban convencidos de que firmaban contratos auténticos, de ahí que sus defensas pidan ahora la absolución. «A mí me llamaron para hacer una suplencia de 15 días por vacaciones, pero me lesioné a los 5 o 6 días y estuve varios meses de baja», explicó Óscar C. Para la Fiscalía, su versión resulta bastante sospechosa, ya que aquella semana escasa de trabajo, de ser real, le reportó casi 6.000 euros en concepto de baja por enfermedad. El tribunal tuvo que declarar en rebeldía a varios de los acusados, que ni siquiera se presentaron al juicio. Y hubo un único investigado al que le retiraron los cargos.