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El fraude de los contratos exprés en Zaragoza: 5.888 € de paro por dos días de trabajo
La Audiencia sienta en el banquillo a 41 acusados en un macrojuicio que se prolongará todo el mes de febrero. El cabecilla de la trama usó ocho empresas fantasma para facilitar el cobro irregular de la prestación de desempleo a decenas de personas. Cuatro reclusos salieron también de Zuera gracias a estos papeles.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza tiene previsto mudarse este febrero desde su sede de la calle de Galo Ponte a la Ciudad de la Justicia para poder celebrar un macrojuicio que se prolongará durante todo el mes y sentará a 41 acusados en el banquillo. La necesidad de respetar las medidas de seguridad impuestas para evitar la propagación de la covid-19 harán que hasta la sala de vistas más grande del complejo –en la que se enjuiciaron causas tan importantes como los casos Plaza o La Muela– se quede pequeña. Y aunque varios de los investigados han sido declarados en rebeldía y no se prevé que comparezcan ante el tribunal, parece que será necesario habilitar un espacio anexo para poder celebrar las sesiones.
La Fiscalía pide penas que suman 103 años de cárcel y más de 14 millones de euros en multas para los imputados, a los que acusa de ser partícipes de un fraude que provocó un agujero de casi medio millón de euros en las arcas de la Seguridad Social. Según las pesquisas que llevó a cabo la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional, el presunto cerebro del entramado sería Joaquín J. F., quien llegó a crear hasta ocho empresas fantasma –que «carecían de actividad real» o era «prácticamente inapreciable», dice el Ministerio Público– para poder ofrecer contratos exprés –algunos, de solo uno o dos días– con los que sus ‘clientes’ podían solicitar después el subsidio del paro.
Un cerebro y seis acólitos
Como recuerda la acusación pública al describir el presunto modus operandi de la organización, por supuesto, su cabecilla y sus más estrechos colaboradores –un grupo de seis personas, entre las que se encuentra su hermano, Samuel J. F.– tenían un claro fin lucrativo. De hecho, los interesados en acceder a las prestaciones sociales de forma fraudulenta valiéndose de estos contratos exprés, la mayoría personas en una situación económica precaria, tenían que abonar un peaje. Pero parece que les compensaba, porque al ser dados de alta por uno o varios días en la Seguridad Social, podían optar después al paro.
La Policía comprobó que el supuesto fraude se prolongó durante cinco años, entre 2009 y 2014. Y no solo sirvió para acceder de forma irregular a una pensión por desempleo, ya que la banda ofrecía también sus servicios a aquellos extranjeros que necesitaban un contrato para obtener el permiso de residencia en España.
Bajo el paraguas de estas ocho empresas ficticias –varias se crearon el mismo día y utilizando el mismo domicilio social a través de la plataforma RED (Sistema de Remisión Electrónica de Datos)–, algunos de los ahora acusados lograron suculentos subsidios. Por ejemplo, un contrato de dos días –del 20 al 22 de junio de 2014– permitió a uno cobrar 3.781 euros. También por dos jornadas laborales, también irreales, una mujer logró embolsarse 5.888 euros.
Pactos con trece imputados
La Fiscalía Provincial lleva tiempo intentado cerrar acuerdos con las defensas –de las que se encargan José Luis Melguizo, Olga Oseira o Carmen Sánchez Herrero, entre otros abogados– para conseguir reducir las sesiones del juicio. Durante la fase de instrucción, ya hubo varios investigados que abonaron el dinero defraudado y consiguieron que se archivara la causa contra ellos. Según ha podido saber HERALDO, el Ministerio Público habría conseguido obtener la confesión de al menos 13 encausados, entre los que parece que figura el ideólogo del fraude. En cualquier caso, aspira a cerrar más acuerdos antes del comienzo de las sesiones, previstas en principio entre el 1 y el 26 de febrero. Los principales responsables de la banda se enfrentan inicialmente a penas de 5 años y el resto, a condenas de dos años.
Cuatro presos salieron de prisión con un falso contrato
La mayoría de los acusados que este 1 de febrero se sentarán en el banquillo acudieron a la supuesta trama fraudulenta de Joaquín G.F. para conseguir cobrar el paro. Sin embargo, tirando del hilo, la Policía logró averiguar que hubo cuatro personas que se valieron de este grupo de conseguidores para salir del centro penitenciario de Zuera, donde cumplían condena.
Uno de estos reos sería José J. G., quien entró en la cárcel el 1 de octubre de 2014 y la abandonó el 13 de diciembre de ese mismo año. Lo hizo gracias a un contrato de trabajo fraudulento facilitado por esta organización, documento que le permitió acceder al tercer grado con la única obligación de tener que pernoctar en el Centro de Inserción Social de Zaragoza (en la antigua prisión de Torrero). Cuando se destapó el engaño, se revocó esta gracia al recluso y tuvo que regresar a Zuera.
El encargado de ‘comercializar’ estos servicios en la prisión fue, supuestamente, Samuel G. F., hermano del cabecilla de la banda. Este cumplía también entonces condena por un delito de tráfico de drogas.
