El Ayuntamiento de Zaragoza requiere a la DGA que cambie el presupuesto autonómico para incluir su financiación

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de requerir al Gobierno de Aragón que modifique el presupuesto autonómico de 2021 e incluya los recursos económicos que establece la ley de capitalidad para la ciudad. Además de instar al Ejecutivo a celebrar una reunión bilateral para firmar el convenio de financiación, el documento advierte de que se interpondrá un recurso ante los tribunales si la DGA no atiende la reclamación.

El expediente se aprobó el pasado 30 de diciembre en el gobierno de Zaragoza y este martes suscitó debate en la comisión del Hacienda a iniciativa de Vox. El bipartito descartó que se pueda interpretar la iniciativa en clave de guerra política y la propia concejal de Hacienda, María Navarro, justificó la medida en que el Consistorio "no puede dejar pasar cuestiones jurídicas que puedan penalizar al Ayuntamiento".

Según la edil, el objetivo es garantizar que Zaragoza reciba los 18 millones de euros en convenios en 2021, como establece la normativa y se acordó en la cumbre bilateral del 4 de marzo del año pasado. Navarro apuntó que la disposición transitoria cuarta de la ley de capitalidad, que establece las cuantías, expiraba el pasado 31 de diciembre, por lo que el requerimiento, según fuentes municipales, evita que esos 18 millones prescriban.

"Hay voluntad de acuerdo"

Por este motivo, Navarro trató de quitarle hierro a este asunto, lo circunscribió a una cuestión jurídica e insistió en que las relaciones entre las dos instituciones son "buenas". En la comisión, explicó también que "hay voluntad" de firmar el convenio económico "en el primer trimestre de 2021". Eso sí, añadió que si la DGA no suscribe el convenio se adoptarán "medidas legales".

Pero al margen de las buenas palabras, el requerimiento, que firma la propia Navarro, pone sal a la relación entre el Consistorio y la DGA, marcada por los altibajos. Evidencia además que siguen sin fructificar los acuerdos económicos alcanzados el 4 de marzo del año pasado entre las dos administraciones.

Es más, el propio requerimiento hace referencia a las reuniones de los grupos de trabajo celebradas desde octubre y subraya que en el último encuentro, celebrado el pasado 17 de diciembre, los representantes de la DGA seguían sin hacer "ninguna manifestación" o "posicionamiento" sobre el borrador del convenio bilateral de financiación en el que están trabajando las dos administraciones. El Gobierno autonómico no quiso hacer ninguna valoración de esta reclamación del Ayuntamiento de Zaragoza.

¿En qué se basa el requerimiento? La ley de capitalidad, aprobada en 2017, establecía que la ciudad tiene derecho a percibir un mínimo anual de 8 millones de euros, que se actualizarían en función de la variación de los ingresos no financieros de la DGA. Esto significa que correspondía abonar 299.926,01 euros por el ejercicio 2018 y 38.452,53, por el de 2019. Esas actualizaciones ya se pagaron el año pasado.

Por otro lado, se garantizaban unos fondos destinados a financiar el coste de las competencias impropias, que se regulaban mediante un convenio económico financiero de una duración de cuatro años. Según la ley, se tenían que pagar 13,5 millones en 2018, que se elevaban con un millón y medio anual hasta 2021, cuando la DGA debería abonar 18 millones por este concepto. El convenio, desde 2017, sigue sin firmar.

El documento dice que el presupuesto autonómico debería incluir en 2021 esos 18 millones de euros o "en su defecto, consignar el diferencial entre la citada cuantía y los importes del convenio de servicios sociales y del resto de los convenios finalistas presupuestados". En la actualidad, la financiación consolidada de la DGA ronda los 16,5 millones. El requerimiento subraya que "ha quedado constatada la inexistencia de dotación adecuada y suficiente" para atender el pago en los presupuestos de la Comunidad.

El concejal de Vox, Julio Calvo, dudó de la voluntad política de la DGA sobre este asunto "a la vista de los antecedentes". "Sigo teniendo esperanzas de firmar ese convenio económico financiero. Seguimos prestando servicios que no son competencia de este Ayuntamiento y que están infradotados. Y el Gobierno de Aragón lo sabe", respondió Navarro.

En la comisión de Hacienda también se hizo referencia al requerimiento que se ha hecho a la sociedad del tranvía, para recuperar 12 millones por haber subvencionado de más la construcción de la línea. Por otro lado, mencionó la deuda de 25 millones que mantiene la DGA por la línea norte-sur, controversia que dijo que resolverá el Supremo. El recurso del Ejecutivo está pendiente de que el Alto Tribunal admita su interés casacional.