La DGA cede al Ayuntamiento de Zaragoza una parcela para 30 viviendas

El consejo de Gobierno ha acordado este miércoles la cesión gratuita al Ayuntamiento de Zaragoza de la titularidad de una parcela de 2.316 metros cuadrados en la calle Juslibol de la capital aragonesa para la construcción de 30 viviendas de protección oficial.

El acuerdo desarrolla el Convenio de Planeamiento y Gestión que suscribieron las dos administraciones en marzo del año pasado para compensar diferentes actuaciones urbanísticas, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Pérez ha incidido en que la construcción de vivienda protegida es una "política compartida" entre ambas instituciones que "se hace necesario impulsar y desarrollar".

La parcela de la calle Juslibol que recibirá el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un valor estimado en 1,3 millones de euros y permitirá al Consistorio hacer efectivo el aprovechamiento lucrativo que estaba previsto en una parcela de su propiedad en el ámbito del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET), que se suprimió como consecuencia de la reparcelación de la unidad G-43-4.

Este trámite urbanístico se realizó para poder atender la demanda del departamento de Educación del Gobierno de Aragón de utilizar ese edificio con fines educativos y calificar como equipamiento público de enseñanza el suelo del referido inmueble, así como otras solicitudes de la Cámara de Comercio para alterar la ordenación de otros suelos residenciales de su propiedad.

Tras la cesión del Ayuntamiento de las parcelas anejas al centro docente, el Gobierno de Aragón se comprometió a poner a disposición del Ayuntamiento de Zaragoza la parcela de la calle Juslibol 19 para que pueda desarrollar el mismo aprovechamiento lucrativo previsto inicialmente en el suelo junto al instituto.

El acuerdo estipula que si la finca en cuestión no fuese destinada al uso previsto dentro de un plazo de cinco años o si se alterase el aprovechamiento urbanístico señalado, la misma revertiría al patrimonio de la Comunidad Autónoma.