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La alcaldesa de Malón acusa a su antecesor de falsificar un convenio y pide 4 años de cárcel
José Ignacio Magaña (PP) y el exsecretario municipal, también imputado, niegan haber fabricado el documento para justificar ayudas a una asociación cultural de la localidad.
El que fuera alcalde de Malón por el PP entre los años 2011 y 2015, José Ignacio Magaña Sánchez, y el entonces secretario-interventor municipal, Enrique A. F., se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por la presunta falsificación de un convenio entre el consistorio y la asociación cultural Calib. La actual regidora, Ana Carmen Calavia (PSOE), está convencida de que los encausados fabricaron de forma burda aquel documento para intentar justificar las ayudas públicas que recibió el mencionado colectivo. Y es por ello que acusa a ambos de falsedad en documento público y pide sendas condenas de cuatro años de prisión.
El abogado que ejerce la acusación particular, Luis Alberto Murillo, propone también que tanto al exalcalde como al funcionario se les impongan multas de 144.000 euros y que los dos sean inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante seis años.
La Fiscalía no aprecia delito
Fue la actual alcaldesa quien, tras acceder al cargo en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 y percatarse de las presuntas irregularidades decidió iniciar acciones legales contra Magaña y el funcionario. De la instrucción del caso se ha encargado el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarazona, que ha terminado dictando auto de apertura de juicio oral.
Pero la única que acusa y aprecia delito es la regidora Ana Carmen Calavia, puesto que la Fiscalía ha estudiado los hechos y entiende que no existe prueba que permita sentar en el banquillo a ninguno de los dos encausados. De hecho, en el escrito remitido al juez instructor, dice que, en su condición de alcalde, José Ignacio Magaña firmó el 1 de agosto de 2011 el convenio que la acusación considera falso y fabricado a posteriori. Se trataría, indica, de un acuerdo por el que la asociación cultural Calib se comprometía a celebrar actividades lúdico-festivas en la localidad de Malón.
En términos similares se ha pronunciado la defensa, que ejerce el letrado Javier Osés tanto en nombre del exalcalde como del exsecretario-interventor. «Dicho sea en términos de estricta defensa, no se motivan por la juzgadora los hechos supuestamente cometidos por mis mandantes y que le permiten llegar a la conclusión de la posible existencia de un delito», alegaba esta parte cuando recurrió el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Concluida ahora la investigación judicial, el letrado pide la absolución de ambos.
Pero el actual equipo de gobierno está convencido de que hubo irregularidades y un posible trato de favor por parte del exalcalde hacia la mencionada asociación cultura. Y de ahí su decisión de sentarlo ante un tribunal.
A través de su escrito de acusación, la actual alcaldesa considera revelador que en los registros del Ayuntamiento de Malón no haya constancia formal de ningún convenio con el colectivo Calib. Recuerda que, con fecha 10 de septiembre de 2015, solicitó al secretario municipal, Enrique A., que buscara cualquier documento que justificara aquel acuerdo. Sin embargo, apunta, solo un día después, el funcionario emitió un informe en el que reconocía que el asunto no se había llevado a pleno y que por ello no existía constancia en ningún acta. Sin embargo, el encausado entregó después el convenio original, que supuestamente lo guardaba el anterior alcalde en su domicilio. Basándose en una pericial caligráfica, Calavia dice ahora que ese documento es falso.
