Casi ocho años después del despido de 153 conductores como consecuencia de la reestructuración del servicio de bus urbano de Zaragoza, el Ayuntamiento deberá pagar 2,4 millones de euros por el coste del proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el anterior gobierno de ZEC para que fuera la contrata la que asumiera la cuantía. Los magistrados, que condenan en costas al Consistorio, cargan contra un pleito «insólito» que se emprendió «contra viento y marea» ya que hasta cuatro informes técnicos municipales indicaban que el desembolso debía correr a cuenta de las arcas municipales.

El conflicto se remonta al año 2013, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza, tras la implantación del trazado completo de la línea del tranvía, aprobó una reducción del servicio del bus urbano del 14% (de 21 millones de kilómetros a 18) coincidiendo con la licitación de un nuevo contrato. El ajuste implicaba el despido de 212 trabajadores de una plantilla de 1.274, aunque finalmente la adjudicataria Tuzsa, posteriormente Auzsa, redujo la cifra a 153.

La empresa solicitó entonces al Consistorio que asumiera las indemnizaciones y el coste de asesoramiento que comportaron los despidos, por un importe superior a los dos millones de euros. Tras sendos informes favorables por parte del coordinador general de Hacienda y del interventor municipal, el entonces gobierno socialista de Juan Alberto Belloch aprobó el pago a la contrata. Lo hizo en junio de 2015, dos días antes de la investidura del nuevo alcalde, Pedro Santisteve, para quien esa decisión adoptada por sus antecesores en el cargo era perjudicial para el propio Ayuntamiento, por lo que impulsó un recurso de lesividad.

ZEC no ponía en duda que la reestructuración de la plantilla fuera un coste vinculado a la puesta en marcha del nuevo contrato, pero rechazaba que ese gasto lo asumieran las arcas municipales ya que, a su juicio, no venía así recogido en los pliegos de condiciones.

Sentencia firme

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza rechazó inicialmente la postura de ZEC en diciembre de 2016, un fallo que ahora hace firme el TSJA. Los magistrados recuerdan que fue el Ayuntamiento, «por su decisión soberana», el que «estableció el tranvía como elemento esencial y vertebrador del transporte urbano», lo que conllevaba un ajuste de la plantilla en el bus. En este sentido, la resolución apunta que «desde un punto de vista económico, la lógica dice que quien debe asumir el coste es quien ha tomado la decisión de la reestructuración».

En cualquier caso, los magistrados reconocen que no se trata de una decisión de ámbito empresarial, sino de un servicio municipal que viene regido por los pliegos de condiciones. Sin embargo, la sentencia señala que la licitación no fue clara al respecto, ni lo fueron los técnicos municipales a la hora de responder a las preguntas concretas de las candidatas sobre quién debía asumir el coste de los despidos. Por ello, el TSJA se ha visto obligado a pronunciarse tras llevar a cabo una «interpretación», primero de los dos informes de Hacienda y del Interventor, y después de otros dos solicitados a la Asesoría Jurídica y a Contratación.

Los cuatro coincidían en señalar que debía ser el Ayuntamiento el que asumiera el desembolso, por lo que los magistrados muestran su sorpresa ante la «situación insólita» de un pleito iniciado por el gobierno de ZEC «contra viento y marea» que, aseguran, «pasa a ser una decisión voluntarista y carente de apoyo técnico».

«De haber querido el Ayuntamiento que el concesionario asumiese dicho coste, lo habría dicho», apunta el fallo judicial, que además completa su argumentación con la aplicación de los artículos 1.284 y 1.286 del Código Civil sobre la interpretación de los contratos, que establecen que las cláusulas que se entienden en varios sentidos se aplicarán en el más adecuado para el efecto que se persigue, y en este caso «es el de que el Ayuntamiento asume las consecuencias económicas de sus decisiones».

«Una vez más, el gobierno PP-Cs tiene que asumir un déficit de gestión del pasado con una sentencia contraria que se podría haber evitado», lamenta la concejal de Movilidad, Natalia Chueca.

PP-Cs recurre a los bancos para asumir la sentencia

La coalición PP-Cs acatará la sentencia del TSJA. El Ayuntamiento, de hecho, ya ha consignado el desembolso a cargo de los Fondos de Impulso Económico (FIE) del próximo ejercicio, créditos que habilita el Estado y que ofrecen condiciones muy ventajosas de financiación para que las entidades locales hagan frente a condenas de este tipo.

El Consistorio recurre de manera habitual a esta herramienta. Tanto que en los últimos cinco años ha solicitado más de cien millones en préstamos para pagar fallos judiciales. Así lo hizo en 2015, 2017 y 2020, para atender sentencias judiciales vinculadas fundamentalmente a impagos a las grandes contratas. En la mayoría de los casos, se trata de procesos que se remontan a la etapa de gestión del PSOE, en los años más duros de la crisis económica que se desató tras la Expo 2008.

Este año, el gobierno PP-Cs acudirá de nuevo al FIE, al que solicitará 7,4 millones, de los que 1,1 son intereses, para atender distintos procesos judiciales. El más importante de todos es la condena por la reestructuración del servicio del bus urbano en 2013, pero también se prevé saldar varias revisiones de precios de las contratas.

En concreto, se abonarán 1,7 millones de euros a Eulen por el servicio de limpieza de los colegios entre los años 2012 y 2018. También dos sentencias de la antigua Tuzsa que suman 963.586 € por las revisiones de 2011 y 2012 y otros 753.642 € a FCC por intereses de demora desde 2011. De igual modo, Construcciones Mariano López Navarro recibirá 565.826 € por revisiones de precios entre 2016 y 2019, mientras que Clece logrará, por el mismo motivo, 183.831 € del servicio de prestaciones sociales domiciliarias.

Ampliación del servicio Bizi

Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza indemnizará con 274.071 euros a la empresa Clear Channel en concepto de daños y perjuicios por la anulación por parte del Tribunal de Contratos de la ampliación del servicio Bizi de alquiler. La mayor parte del dinero se corresponde con la adquisición de bicicletas y estaciones para el nuevo servicio.

En este caso, el conflicto se remonta al año 2017, cuando el gobierno de ZEC modificó el contrato del Bizi para instalar 120 terminales y poner en funcionamiento 1.200 bicicletas más. El entonces portavoz en la oposición y actual alcalde, Jorge Azcón, presentó un recurso ante el Tribunal de Contratos, que le dio la razón al ver en el cambio «una adjudicación directa ilegal».