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Acusan a dos cuñados de robar tractores para perpetrar ocho sabotajes en la vía de Zaragoza a Teruel

Robaron más de 4,5 kilómetros de cable en las localidades de Botorrita, Longares y Cariñena, causando daños por valor de 173.768 €. Adif cree que pusieron en "peligro real" a los usuarios de la línea ferroviaria.

LINEA F.C. ZARAGOZA-TERUEL / ESTACION DE LONGARES / 18/2/02 / OLIVER DUCH[[[HA ARCHIVO]]]
Imagen de archivo de la estación de Longares, uno de los municipios donde actuaron los acusados.
Oliver Duch

La línea de ferrocarril entre Zaragoza y Teruel aspira a convertirse algún día en una infraestructura moderna que permita acercar el mar Cantábrico y el Mediterráneo, pero, de momento, lo que arrastra son demasiados años de abandono y falta de inversión. Y fue precisamente de ese olvido del que se aprovecharon dos cuñados para perpetrar hasta ocho sabotajes en apenas tres meses en el tramo de vías que discurre entre las poblaciones de Botorrita y Cariñena. Su única finalidad era hacerse con unos cuantos metros de cobre para venderlo después en una chatarrería, pero al arrancar el cable eléctrico comprometieron no solo su seguridad, sino también la de los usuarios de los trenes.

Los hechos por los que fueron detenidos Rafael L. B. y Juan Antonio M. M. se remontan al año 2014, pero será ahora cuando por fin se sienten en el banquillo. Y no estarán solos, porque la Fiscalía ha presentando también cargos contra sus parejas, las hermanas Eva María y Sofía E. H., a las que acusa de vender el material sustraído para no dejar rastro, así como contra un tercer hombre, Israel H. H., que ayudaba a los cuñados a perpetrar los robos. Considera que todos ellos actuaban de forma coordinada, por lo que además de un delito continuado de robo con fuerza les atribuye otro de pertenencia a organización criminal y pide para ellos penas que suman 25 años de prisión.

El Ministerio Público acusa también a Luis Teodoro C.S. y Jaime C.S., propietarios de la empresa de chatarras que adquirió el cobre robado, ya que está convencida de que ambos sabían de su ilícita procedencia. Por eso, para ellos solicita también sendas condenas de tres años de cárcel.

El Adif se ha personado también en la causa como perjudicado y reclama hasta 173.768 euros por los daños causados. «Los cables cortados y sustraídos constituyen bienes destinados a un servicio público», recuerda en su escrito de acusación, en el que constata que estos ochos sabotajes supusieron un«peligro real» para los usuarios del tráfico ferroviario. De ahí que también exija penas de prisión que suman 16 años para los encausados. En cuanto los chatarreros, les considera autores de un delito de receptación, por lo que propone la clausura de su negocio y la inhabilitación de ambos para ejercer la profesión durante tres años.

Robar cable de cobre en una línea de ferrocarril en servicio requiere de cierta logística, así como de maquinaria pesada. Para esto último, los cuñados recurrieron a vehículos pesados, en concreto tractores, que sustrajeron en sendas fincas agrícola de Longares y Botorrita. Gracias ellos, rompían sin dificultad la valla de seguridad de las vías y arrancaban el tendido para arrastrarlo después a un lugar seguro, donde lo seccionaban y lo preparaban para su posterior transporte a la chatarrería.

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