Hasta 6 meses para recuperar los pisos okupados, que se extienden a las zonas ‘nobles’ de la ciudad

No es una ciencia exacta, pero el plazo para que un propietario recupere un piso okupado oscila entre un mes, en el mejor de los casos, y medio año de trámites y papeleo. Depende, en buena medida, de la situación de vulnerabilidad de los moradores pero, sobre todo, de la vía judicial a la que se acuda. «Si el afectado recurre a la vía penal, puede acelerar el desalojo, ya que tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, sobre todo, a raíz de una circular de la Fiscalía, desde este verano se aplican medidas cautelares. Hablamos de una horquilla de entre uno y tres meses, aproximadamente», explica Pilar Arnas, diputada del Colegio de Abogados de Zaragoza, quien ha representado a distintos propietarios en casos de okupación. Los tiempos se dilatan por la vía civil, donde la recuperación de una vivienda puede suponer hasta seis meses «ya que se intenta que el okupa exhiba documentos que acrediten la legalidad de su estancia y los trámites son más lentos».

Todos los casos que ha llevado Arnas se han resuelto a favor del propietario, excepto uno en que los okupas eran un núcleo familiar vulnerable con menores. «Cuando concurre esta circunstancia u otras como una incapacidad, los jueces se muestran más prudentes y los tiempos se dilatan. Intervienen servicios sociales».

Aunque es difícil de cuantificar, la problemática de la okupación alcanza al menos a 110 viviendas en Zaragoza. A estas deben sumarse aquellas que se corresponden con casos que no se denuncian «por miedo», tal y como concluye un estudio de la Cámara de Comercio. Algunas forman parte del patrimonio de pequeños propietarios, tanto inversores como herederos, y otras están a nombre de grandes tenedores, como la Sareb, que dispone de distintos pisos y edificios. Y aunque no siempre es así, a veces esa okupación va ligada a trapicheos de drogas y conductas incívicas e irrespetuosas que acaban afectando al resto del vecindario. Estos inmuebles son muchas veces tomados por verdaderas mafias. «Son bandas organizadas que cobran un solo pago de entre 400 y 500 euros a un tercero por usar un piso, que no siempre está en las mejores condiciones, y sobre el que evidentemente no tiene ningún derecho», abunda la letrada Raquel Salvador Gracia, especializada en la materia y quien recuerda que «no es nada común que los okupas entren en viviendas habituales por mucho que los dueños se ausenten una temporada, pues lo normal es que invadan segundas residencias».

No solo en barrios obreros

Aunque es fácil caer en el error de pensar que la okupación es un problema exclusivo de barrios de menor renta, como la zona del Gancho, lo cierto es que la problemática se ha ido extendiendo poco a poco hasta llegar a áreas con una renta alta. Hace un mes y medio, la Policía desalojó, por orden judicial, un edificio entero en la avenida de Goya. Varios de esos okupas se marcharon bien cerca, a una finca en el paseo de Sagasta donde están teniendo desencuentros con los vecinos. «Nos están haciendo la vida imposible, además de coger la luz y el agua de la comunidad. Y por la gente que entra y sale nos da miedo que además estén traficando con droga», cuenta uno de los propietarios. También fue sonado el caso de okupación en el hotel San Valero, junto a la calle de Alfonso I, donde convivieron varios sintecho hasta este verano. Propiedad del ‘banco malo’, este aceleró el desalojo y, tras adecentar el inmueble, lo ha puesto en el escaparate para hacer caja.

Juslibol, La Muela, Utebo, Cadrete... los municipios del entorno también están en el punto de mira de okupas y mafias. «Cuanto más alejados están del centro, a menos miradas se exponen», cuenta la abogada Pilar Arnas, quien subraya que «los desalojos se aceleran cuando la convivencia vecinal se hace imposible».

"Me siento amenazada, muchas noches no duermo"

En el camino entre el portal y su domicilio, un tramo más que angosto de escaleras a medio derruir, María se cruza con un joven encapuchado. No se saludan. «No sé quién es, no conozco a casi nadie de los que pasan por este edificio. Es un trasiego sin límites, una marabunta, cada día veo a una persona distinta», cuenta esta zaragozana, residente en el corazón del Gancho, una de las zonas de la capital aragonesa más proclives a la okupación.

Desde el interior de su pequeño salón, bajo una gran talla de la Virgen del Pilar y otra de Buda, María echa cuentas y piensa, piso por piso, en cuántos vive su legítimo dueño y cuáles van pasando de mano en mano: «Hay catorce casas en todo el edificio y, salvo la mía y otras cinco, el resto se las han quedado personas que no son ni propietarias ni por supuesto pagan un alquiler. Son todo pisos de bancos en muy malas condiciones que se han quedado vacíos». Por desgracia, la convivencia entre quienes aparecen en las escrituras de sus casas y los que han encontrado un cobijo gratuito no es la mejor. «Nos pinchan la luz a menudo, tenemos que estar al tanto. Abren los buzones, nos quitan las cartas y los recibos. También hacen mucho ruido, de día y de noche. Han hecho obras en los pisos, los han modificado y muchas paredes son de papel. Se oye todo, se notan los pasos del piso de encima como si entre esa casa y la mía solo hubiese un tablón», asevera.

La vecina de San Pablo se siente cohibida en su morada ya que, en ocasiones, en su escalera se pasa de las feas palabras a los ademanes malintencionados: «Al cruzarnos, y sin mediar una frase, nos hacen el gesto de cortar un cuello. Me siento amenazada en mi propia casa, me hacen la vida imposible y muchas noches no duermo».

María, que a sus 70 años solo aspira a cuidar de sus flores y del gato que la acompaña, enseña una copia de las distintas denuncias que ha presentado:«Antes de que empezaran a molestarme trataron de comprarme la casa, pero me ofrecieron una cantidad ridícula, una miseria. El piso vale más, aunque cuando comenzaron a tratarme así me llegué a plantear vender e irme donde pudiese. Pero luego recapacité: esta es mi casa y no me voy a mover de aquí».

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