zaragoza
Los afectados por la okupación en Zaragoza tendrán a su disposición un teléfono atendido por el Colegio de Abogados
El acuerdo, con una aportación del Ayuntamiento de 20.000 euros, tiene una duración inicial de dos años.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, han firmado a primera hora de este miércoles un convenio de colaboración para poder dar asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la okupación ilegal de inmuebles. Un problema que, en palabras del regidor, "no solo afecta a los dueños de las viviendas, sino también a los otros vecinos del inmueble". El servicio se prestará telefónicamente por la mañana y por la tarde (650662430) y habrá una dirección de correo electrónico disponible las 24 horas (consultasocupacionilegal@reicaz.es).
El acuerdo contempla la puesta en marcha de un teléfono y un correo electrónico de atención a los perjudicados, a los que se dará asesoramiento técnico. La cuantía aportada por el Ayuntamiento de Zaragoza es de 20.000 euros, aunque la cifra será revisable, y tendrá una duración de dos años. "Queremos poder mejorar la aportación en los próximos meses", ha indicado Azcón, quien ha destacado que "los profesionales del Colegio estarán en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento" para poder cubrir las necesidades de quienes se queden en la calle.
El decano del Colegio de Abogados, Antonio Morán, ha incidido en este último punto: "Desde que se iniciaron las conversaciones, siempre se valoró que el asesoriamiento fuese integral para todas las personas afectadas por este fenómeno. Por eso, a las personas con medios económicos nulos que se meten en una vivienda se les facilitará el acceso a la justicia gratuita, para que así puedan disponer de un abogado". También el propietario podrá contar con justicia gratuita si la precisa. "Nuestro objetivo es conseguir una ciudad más cómoda y más justa", ha resumido Morán.
Por su parte, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha señalado que "no solo el inquilino puede ser vulnerable, ya que vemos cómo personas mayores que con gran esfuerzo compraron una segunda vivienda con cuyo alquiler complementan su pensión ahora sufren este fenómeno". Serrano ha acotado el problema a las zonas de la ciudad menos pudientes.
