El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza pagar 1,5 millones por el impacto de la covid en siete párquines

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de rechazar el pago de 1,5 millones de euros a Indigo, concesionaria de varios párquines de la capital, en compensación por el descenso del número de usuarios que se ha producido durante la pandemia de la covid-19. La decisión, que se adoptó en el último gobierno municipal, se sustenta en que los estacionamientos han permanecido abiertos y en servicio, por lo que no cabe indemnización. Ahora a la empresa le queda la vía judicial.

La petición de la concesionaria, que afecta al periodo comprendido desde la declaración del estado de alarma hasta el 31 de julio, se circunscribe a siete estacionamientos: Ayuntamiento (316.130 euros de compensación), Juzgados (290.582 euros), César Augusto (50.492), Audiorama (163.266), Seminario (30.136), Salamero (515.841) y Clínico (166.476). La reclamación llega además en una fase de tensión entre el Consistorio y la empresa por el conflicto suscitado tras el hundimiento del forjado de parte del estacionamiento de Salamero, dado que está pendiente el informe que debe dilucidar las causas del suceso y las correspondientes responsabilidades.

Real decreto

La empresa solicita la indemnización en virtud del artículo 34.4 del real decreto ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19, del pasado marzo. La norma establece que, si las restricciones les impedían trabajar, los adjudicatarios de contratos públicos de concesión de obras y de servicios tenían derecho al restablecimiento del equilibrio económico, bien mediante la ampliación de su duración hasta un 15% o mediante la modificación de las cláusulas económicas.

Según la empresa, queda acreditada la existencia de una "alteración" de las circunstancias que "imposibilitan ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados con el Ayuntamiento". Considera que en este supuesto no se deben incluir solo los casos en los que hay un cese total de la prestación, sino también cuando el contrato "se ejecuta en unos términos totalmente distintos" a los previstos en la adjudicación.

El Ayuntamiento responde que el artículo 34.4 es "una medida compensatoria excepcional y de carácter temporal" sobre la que no cabe una interpretación "extensiva". Recuerda que solo se aplica cuando se aprecia "la imposibilidad" o "inviabilidad absoluta" de ejecutar el contrato y concluye que este no es el caso.

En este sentido, destaca cómo recoge el real decreto la situación de las autopistas, que no tienen derecho al reequilibrio económico por la disminución del número de vehículos "y la consiguiente reducción de ingresos". En su informe, el Ayuntamiento de Zaragoza indica que Indigo ha seguido prestando el servicio en todas sus ubicaciones y que no ha existido obligación legal de cierre. Alude a que la doctrina y jurisprudencia son "muy restrictivas" en estos casos y recuerda el "riesgo" que asume el concesionario en un contrato de este tipo. "No consta acreditada medida legislativa que haya provocado efectivamente una quiebra del equilibrio económico del contrato", dice el Consistorio.

La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, explica que "no procede la solicitud de indemnización", entre otros motivos porque no se trata de una concesión de servicios, sino demanial. De hecho, el Consistorio está tramitando algunas indemnizaciones a distintas contratas, pero en ningún caso a concesiones como las de los aparcamientos. Recordó en este sentido que el Ayuntamiento habilitó un millar de plazas gratis para sanitarios, entre las que estaban algunas de Indigo, cuyo coste se asumió. "Vamos a defender los intereses municipales y de los zaragozanos", afirma la edil.