La macrorredada no impide nuevos altercados en las calles del Gancho
La fuerte presencia policial en el barrio permite atajar otra pelea en Mayoral.
El gran despliegue policial del jueves en el Gancho, en el que se detuvo a cinco personas y otras 370 fueron identificadas, supuso un toque de atención para quienes se dedican al menudeo y otras actividades ilícitas en la zona. El ejemplo más evidente eran muchas de las esquinas con dueño fijo, que un día después lucían vacías. Sin embargo, la macrorredada no arrancó de raíz los problemas del barrio. Solo 24 horas después de la intervención, los agentes intervinieron en una fuerte discusión en la esquina de las calles de Boggiero y Mayoral.
La pelea no pasó a mayores gracias a la fortísima presencia policial. Apenas unos segundos después del inicio de la discusión aparecían varias patrullas desde Conde de Aranda, Boggiero y la plaza de Santo Domingo. Los funcionarios identificaron a los cuatro participantes en la refriga y atendieron a uno de ellos, herido leve. «La intención del cuerpo de Policía es mantener una importante presencia en la zona para poder dar una rápida respuesta», indicaban este viernes fuentes oficiales.
Los vecinos valoran de forma «muy positiva» tanto la acción del jueves como el hecho de que se mantenga la vigilancia, aunque advierten de que debe acompañarse de otras medidas. «Chapó para la policía, la redada estuvo fenemonal... pero la solución debe pasar también por una decidida intervención urbanística que zanje la okupación. Cuando se vacía un piso, los okupas van a otro. Hay que rehabilitar edificios y evitar que los propietarios los dejen en la ruina. Hay que promover en ellos vivienda social y libre, evitando tanto el gueto como que se encarezca la zona. También los servicios sociales deberían entrar de lleno», apuntó Carlos Blanco, del colectivo Calles Dignas.
Cámaras en el sector Pignatelli
La videovigilancia será una realidad en el cercano sector Pignatelli a finales de diciembre, cuando las cuatro cámaras que el Ayuntamiento prometió comenzarán a vigilar la actividad en el barrio. Fuentes oficiales confirmaron que la concejalía delegada de Policía tramitó el pasado miércoles la solicitud necesaria, que a priori no encontrará oposición por ninguna de las instituciones que deben validarla.
En concreto, las que integran la Comisión de garantías de videovigilancia: TSJA, Fiscalía, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento, FAMP y los cuerpos policiales. La Policía está realizando un informe de viabilidad y el subdelegado del Gobierno, Beltrán Blázquez, se reunirá la semana que viene con los ediles Alfonso Mendoza y Patricia Cavero.
