Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza

Antonio Morán: "Los ERE y los ERTE causarán una avalancha de casos de justicia gratuita"

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza considera que el Gobierno debería haber aprobado una ley para afrontar la pandemia.

Antonio Morán, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, en una sala de reuniones.
Antonio Morán, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, en una sala de reuniones.
Guillermo Mestre

¿Cómo cambió la pandemia la justicia, que fue suspendida?

Desde el 14 de marzo se cambiaron todos los planes, desde el punto de vista económico, organizativo, de formación y de plantilla. Los tribunales se pararon unos meses y reivindicamos que no se volva a detener como se hizo. Hay que facilitar todos los avances tecnológicos para intervenir en los procesos judiciales. En Zaragoza los juicios siguen siendo presenciales, pero muchos de los que intervienen lo hacen telemáticamente. Antes del verano invertimos en dos dependencias en el Colegio por si a los compañeros se les estropea el sistema y necesitan utilizarlo.

¿Cómo ha afectado la pandemia a los despachos?

El coronavirus se está dejando notar, y no poco,en la parte económica. No tenemos capacidad de influir en el mercado laboral, pero sí ayudar con dietas para las situaciones complicadas que pasan algunos compañeros. Teníamos un presupuesto de 15.000 euros y en abril lo subimos a 40.000. Estas dietas se han entregado a veinte compañeros. Después del verano hicimos otra convocatoria y habrá una tercera.

¿La crisis económica va a generar una avalancha de pleitos?

Los abogados laboralistas y mercantilistas no van a sufrir la crisis como los de otras especialidades porque les van a llegar más casos a sus despachos. Las empresas tienen sus problemas con los ERE y los ERTE.

¿La Justicia gratuita se va a multiplicar con los afectados?

Es posible que ocurra, pero todavía no se ve. Los trabajadores que se queden en el paro después de los expedientes de regulacióntendrán derecho a la justicia gratuita y habrá una avalancha. Estamos peleando por los criterios de concesión para los autónomos para que puedan se reconocidos.

Con la cantidad de fallecidos que se han registrado con la covid-19, ¿qué pasará si sus familias acuden a la Justicia contra el Estado?

Esto va a durar mucho y el tiempo va a ser un bálsamo para la memoria. A la gente se le quitarán las ganas de pelear en los tribunales. Y la lentitud de la Justicia no ayudará, además de la paralización que hemos tenido.

¿Denegar el televoto ha causado que su compañero renuncie a su candidatura a decano o cree que ha sido una polémica forzada?

Han sido un poco forzadas las argumentaciones del compañero Ignacio Gutiérrez porque cuando se convocan las elecciones ya se sabe cómo se van a desarrollar, como dicen los estatutos. Cuando ya están las reglas del juego del proceso, quien entra tendrá que respetarlas. Si la situación sanitaria fuera más restrictiva, se podría haber dicho que lo decidido por el Colegio de Abogados era ilegal y cabría la denuncia ante las autoridades o por vía judicial. Pero no se ha hecho porque lo que hacemos está permitido. Una cosa son las limitaciones de las reuniones sociales, pero no las de formación o institucionales, con el límite del aforo de la sala.

¿Debería haberse aprobado una ley adecuada para la pandemia?

El Estado lleva desde marzo poniendo  parches de una forma chapucera. Debería haberse aprobado una ley, o modificar la del estado de alarma. Así, el Gobierno no tendría que aprobar un real decreto para que las comunidades autónomas pudieran hacer algunas actuaciones.

Eso ha generado denegaciones en los tribunales...

Eso pasó en nuestra Comunidad con la medida cautelar para cerrar los bares, que denegó el contencioso administrativo del Tribunal Superior del Justicia de Aragón. Hay que cumplir las normas. Por eso estoy de acuerdo con el catedrático José María Gimeno, que defiende la redacción de una nueva ley porque la norma del estado de alarma no entra en detalles. Nadie se imaginaba esta situación. Solo se aplicó hace once años con la huelga de controladores, una situación más que excepcional.

¿Qué espera de los próximos cuatro años en el Colegio?

La pandemia nos empuja a cambiar algunas pripioridades. Los objetivos han cambiado algo respecto a los del año pasado. Vamos a pasar dos años adecuando nuestra actuación a la nueva situación. A partir de entonces esperamos entrar de lleno en asuntos como el turno de oficio. Es el escaparate de los abogados ante la sociedad, con él damos cobertura legal al ciudadano. Y es necesario que se dignifiquen las condiciones también para el letrado.

¿Y la competencia de las prisiones está en negociación?

Quieren que la gestión de las prisiones sea más autónoma. Vamos a conseguir que los abogados puedan comunicarse con los presos de manera telemática, garantizando que ellos están solos en la cárcel en ese momento. Y hay mucha predisposición para que se ponga en marcha.

¿Cuántos abogados pueden votar en un momento?

Para evitar susceptibilidades, hemos decidido que no haya más de seis personas en el salón Carlos Carnicer, donde caben 200 personas, en el de arriba o en la mesa de entrada. El censo electoral se ha troceado en tres partes y hoy no está habiendo filas. La gente llega por una entrada y sale por otra. No se cruzan. La Junta de Gobierno presentó a las autoridades sanitarias de la DGA el proyecto de las elecciones y el número total de 3.500 personas votantes, con voto por correo o presencial.

¿Y cómo ha ido el de correo?

Ha habido más voto por correo en estas elecciones (24 colegiados) que en otras porque a la gente le da pereza el voto presencial. Pueden comparecer en el Colegio (de abogados de Zaragoza) y si resides fuera, una llamada para certificar que estás al día como ejerciente de abogado o estás en el censo. En el sobre se mete la certificación, la fotocopia del DNI y la papeleta del voto. Siempre ha existido esta posibilidad en las elecciones en el Colegio y las normas eran las mismas para todos. Me sorprende que se quieran cambiar ahora porque no había razones para la suspensión.

¿El estado de alarma afectaba a estas elecciones?

El pasado 26 de octubre dimos el último salto de medidas de seguridad porque la ley 3/20 sobre el estado de alarma tiene una disposición adicional única para no suspender los proceso electorales en las comunidades autónomas para el Parlamento, manteniendo las garantías de seguridad y sanidad. Si los hace un gobierno autónomo, cómo no va a hacerlo un colegio de abogados mucho más pequeño. Aunque somos 3.500 colegiados sabemos que vendrán a votar como mucho 1.000.

¿Esos votos eran los habituales en las anteriores elecciones?

Eso fue hace ocho años, cuando nos presentamos tres candidaturas completas y animó a la gente. Vinieron entonces más de mil personas. Pero si solo es elegir al decano y el diputado quinto, los votantes son más perezosos.

¿Hay alguna tradición de no superar dos legislaturas como decano en Aragón?

Esta crítica la hizo Ignacio Gutiérrez por escrito, aunque él fue diputado o miembro de Junta de Gobierno, luego decano y ahora quería volver a serlo. La gente tiene poca memoria. Yo he sido decano dos veces y ahora la tercera, doce años. No hay ninguna costumbre de los que aparecen aquí en la sala. Yo me hice abogado con el decano Álvarez de Miranda que estuvo dos mandatos, ese dos (señala otro retrato), Carlos Carnicer estuvo otros dos mandatos de decanato y luego tres en el Consejo General de la Abogacía, Hernández Puértolas, dos, e Ignacio Gutiérrez, uno. No sé si alguno más mayor estuviera tres mandatos, pero no hay ningún impedimento reglamentario.

¿Por qué cree no se han presentado otras candidaturas?

Los compañeros pueden pensar que hemos funcionado razonablemente bien. Cuando me presenté la primer vez era porque pensaba que se podía hacer mejor. Se presentaron otras dos, la de Fernando Navarro y de César Ciriano. Cuando se renovó (cuatro años después), nadie se presentó.

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