El "miedo" frena las denuncias contra los okupas, que suman una docena al mes

Reducir al mínimo la duración de las okupaciones, evitar el desamparo del propietario y, sobre todo, disuadir a las mafias que se aprovechan de las lagunas en el marco jurídico para promover esta práctica ilegal. Eso es en esencia lo que persigue la propuesta de articulado de ley que José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha elaborado de la mano de la Cámara de Comercio de Zaragoza. En ella plantea que sean los notarios, en su condición de funcionarios públicos, quienes resuelvan mediante un rápido proceso administrativo provisional a quién pertenece el disfrute de la residencia en los casos en que haya disputa.

El texto, que ya está en manos de los grupos políticos de las Cortes de Aragón y del Congreso de los Diputados, fue desgranado ayer en una rueda de prensa en la que Gimeno explicó que, de aplicarse la medida, "se otorgaría capacidad suficiente a los funcionarios para instar a los cuerpos y fuerzas de seguridad a intervenir cuando lo consideren necesario, reduciendo los plazos de ejecución a un plazo mínimo: solo dos o tres días".

Para poder hacer realidad esta iniciativa es necesario el desarrollo de una normativa, ya sea de ámbito autonómico o un Real Decreto Ley, con la que "habilitar un procedimiento administrativo para permitir la intervención del notario en colaboración con los registradores de la propiedad".

Según los datos del Ministerio del Interior, en la provincia de Zaragoza se denunciaron entre enero y junio 77 okupaciones de inmuebles, lo que supone algo más de una docena al mes. Sin embargo, tanto Gimeno como el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel, coincidieron en que "el miedo" de los propietarios y de los vecinos "a las represalias", sobre todo "en algunos barrios concretos de la capital aragonesa" ejerce de freno a la hora de acudir a las autoridades y les lleva a no denunciar el problema que sufren.

El catedrático consideró que, con el marco jurídico actual, "el propietario se encuentra en una situación de desamparo durante meses" y subrayó que con su propuesta "los plazos se reducirían a apenas un par de días". El jurista puso el foco sobre las bandas organizadas, a las que achacó la mayor parte de los casos, y aclaró que su texto no aspira a sustituir el trabajo judicial, sino a agilizarlo y aligerarlo: "Con este informe no se pretende sino complementar la respuesta jurídica al problema. Hace falta una herramienta para evitar que auténticas empresas se aprovechen de las lagunas en nuestro marco jurídico para okupar una propiedad privada. La respuesta penal no disuade este mercado negro detrás del fenómeno, para el que no hay una respuesta rápida", aclaró.

Bajo coste y efecto disuasorio

Entre las ventajas de la potencial ley, Gimeno Feliu destacó "su poco coste, el claro efecto disuasorio para un fenómeno que ha aprovechado un hueco normativo, su fácil implementación y la ausencia de un sesgo ideológico", por lo que confía un recabar un apoyo mayoritario por parte de las fuerzas políticas.

El trabajo del experto marca la futura hoja de ruta de los notarios en caso de que obtuviesen esta competencia. Estos deberían despachar los asuntos con carácter preferente y urgente, acudiendo al inmueble y recabando in situ la documentación e información que consideren necesarias. También marca que ante la resolución notarial cabría recurso judicial.

Manuel Teruel, presidente de la Cámara, recalcó la importancia económica de la propuesta: "Lo primero sobre lo que te preguntan los potenciales inversores es la garantía existente sobre la propiedad privada, así como la garantía jurídica en el territorio". Zaragoza, recordó, "no tiene, pese a su condición de gran ciudad, los problemas de okupación de otras grandes urbes", aunque incidió en que "hay, como todos sabemos, puntos y zonas concretas" donde la usurpación de propiedades privadas "sí supone una preocupación para vecinos y propietarios".

Mercado inmobiliario

Los responsables de la Cámara de Comercio constataron que durante los tres meses de confinamiento, momento en que cientos de locales y naves industriales quedaron vacíos y desprotegidos, "se levantaron las alarmas por parte de las empresas y particulares", que acudieron a la institución pidiendo soluciones.

El experto en Derecho Administrativo y el presidente de la Cámara recordaron que su proposición tiene como principal objetivo "proteger la propiedad privada de cara a promover la atracción de capital y la compraventa de bienes inmuebles", una finalidad que en ningún caso está reñida con la protección del derecho a la vivienda. "Por supuesto que se debe dar respuesta a los casos de exclusión social, si bien esa es una cuestión que compete a las instituciones públicas", apuntó Teruel.