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Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza exigirá candado físico a las bicis compartidas y anclarlas a un estacionamiento autorizado

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes los pliegos para regular la explotación de hasta 2.500 bicicletas (un 20 por ciento eléctricas) y 900 motos eléctricas compartidas en la ciudad.

Dos usuarios del servicio público de bicicletas de alquiler Bizi, en el Coso de Zaragoza
Dos usuarios del servicio público de bicicletas de alquiler Bizi, en el Coso de Zaragoza
Aránzazu Navarro

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes los pliegos para regular la explotación de hasta 2.500 bicicletas (un 20 por ciento eléctricas) y 900 motos eléctricas compartidas en la ciudad, que podrían comenzar a circular a principios de 2021.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha explicado en rueda de prensa que en el área han estudiado y analizado cómo evoluciona el sector para redactar unos pliegos innovadores que garantizan que la implantación de estos vehículos se haga de forma ordenada y que las empresas concesionarias tengan sostenibilidad y continuidad.

Así, se plantean dos lotes para cada modalidad con un mínimo y un máximo de vehículos a ofertar -de 800 a 1.250 en las bicicletas y de 300 a 450 en las motos-, de manera que puedan convivir en la ciudad un mínimo de dos empresas por servicio.

El número de vehículos podría incrementarse si aumentara la demanda, lo pidieran las empresas y lo autorizara el área de Movilidad, ha señalado la consejera.

Doble anclaje físico y digital

Una de las novedades más destacadas de estos pliegos es el doble candado -físico y digital- que se exigirá a las bicicletas compartidas.

De este modo, además del anclaje vinculado a una aplicación móvil que viene funcionando, las bicicletas deberán incorporar un anclaje físico para poderlas fijar al punto de estacionamiento y no se podrán dejar en cualquier lugar, sino en uno autorizado.

25.000 nuevos aparacamientos

Para ello, el área de Movilidad trabaja para dotar a la ciudad de más de 25.000 nuevos aparcamientos antes de fin de año, todos ellos en calzada y en el espacio comprendido dentro del perímetro de la Z-30, y así avanzar en la prohibición de estacionar en las aceras.

En el caso de la bicicletas la exigencia de anclaje viene complementada con otra serie de requisitos técnicos que deberán cumplir: estructura antivandálica, ruedas antipinchazo, frenos no vandalizables, luces y elementos reflectantes,timbre o avisador acústico, pie o elemento que evite o reduzca el riesgo de caídas a la bici, cesta, sistema de rastreo por GPS o SIM, identificador único, cambio de al menos tres marchas en las bicis mecánicas, motor de hasta 250 vatios en las eléctricas o que puedan soportar un peso de 120 kilos.

En cuanto a las motos, deberán ser eléctricas, incluirán dos cascos y gorros desechables, un identificador único y su antigüedad no podrá superar los cuatro años.

La duración de la autorización del uso del espacio público será de 3 años con posibilidad de otro de prórroga y el plazo para presentar ofertas será de 15 días desde su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Área de servicio operativa en Zaragoza 

Asimismo, se establece un área mínima operativa del servicio que comprende los 14 distritos urbanos de la ciudad y el barrio rural de Juslibol, y las adjudicatarias se comprometerán a ubicar un número razonable en todas y cada una de estas zonas con el fin de originar o descubrir focos de demanda.

Las empresas estarán también obligadas a contratar una póliza de seguro que cubra todos los posibles daños, tanto para los usuarios como para terceros, con una cobertura mínima de 300.000 euros.

Además, a cuenta de las adjudicatarias, durante los tres primeros meses de vigencia de la autorización deberá desarrollarse una campaña de comunicación que informará sobre los aspectos de funcionamiento y las normas básicas, y se comprometerán a promover y fomentar la movilidad sostenible con campañas de buenas prácticas y seguridad vial.

Por cada bicicleta mecánica, las empresas abonarán un canon de 10 euros anuales, que será de 15 euros en el caso de las eléctricas y de 30 euros por cada moto, y se podrán deducir un 50 por ciento del total si la satisfacción de los usuarios es alta o muy alta.

Se les permite también la explotación publicitaria de los vehículos, previa solicitud, y siempre y cuando los rendimientos de la misma se repercutan en una reducción de los precios cobrados al usuario.

A la hora de analizar las ofertas se valorarán aspectos como el importe económico para campañas e infraestructuras de movilidad sostenible, el precio máximo por minuto de uso, las características técnicas en el caso de las bicicletas, los incentivos a los usuarios para fomentar el cumplimiento de las normas de estacionamiento, el fomento de sinergias o el porcentaje de plantilla con contrato indefinido.

Por otro lado, con respecto al Servicio Bizi, que expira en 2023, Chueca ha sostenido que, al tratarse de un sector que cambia muy rápido, verán de aquí a entonces cómo es compatible con el resto de licitaciones, aunque cree que todavía hay margen para seguir creciendo en el campo de la micromovilidad.

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