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El coste de las competencias impropias que asume Zaragoza sube un 32% en cuatro años
La prestación de estos servicios supone 129 millones al año. El Gobierno de Aragón aporta solo el 20% de ese gasto.
El coste de las competencias impropias que asume el Ayuntamiento de Zaragoza sigue subiendo. Según figura en el último informe elaborado por el Área de Hacienda, el Consistorio desembolsa 129,1 millones de euros para sufragar servicios que la Ley de Bases de Régimen Local atribuye a las comunidades autónomas y no a los municipios, sobre todo de carácter social. Esta cifra, si se compara con la estimación que se hizo en el año 2016 (97,7 millones), implica una subida del 32% en solo cuatro años.
El informe, elaborado por la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico del Ayuntamiento de Zaragoza, toma como referencia el año 2018 y se apoya en los criterios de coste efectivo de los servicios que establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como ley Montoro. Los 129 millones de euros representan el 17% del presupuesto de ese año (los 97,7 millones del anterior informe, que se completó con datos de 2014, implicaban el 13,9%).
Queja recurrente
La gestión de las competencias impropias es una queja recurrente de los municipios en general y de Zaragoza en particular, dado que las compensaciones que reciben para su financiación son escasas. Pero los ayuntamientos, como administración más cercana, se resisten a eliminarlas, dado que los vecinos las demandan y renunciar a ellas generaría situaciones de desatención.
Zaragoza ha prestado este tipo de servicios desde siempre, hasta el punto de pasar a denominarse "competencias no propias consolidadas". De hecho, la ley de capitalidad las trata como propias, a la espera de que se concrete la financiación con los conciertos económicos financieros con la DGA todavía sin firmar.
El déficit es notable en cualquier caso. Según consta en el informe, el Gobierno de Aragón comprometió el pago de 25,8 millones de euros, el 20% del total. De esta cantidad, 12,6 corresponden con los convenios marco de servicios sociales, los relativos a las escuelas infantiles, la subvención de la oficina municipal de información al consumidor (OMIC), las plazas concertadas de la Casa de Amparo, el convenio del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) o la de la escuela de música. Otros 5,1 millones de euros sufragan la encomienda de gestión del servicio de ayuda a domicilio. Finalmente, en virtud de la ley de capitalidad, el Ayuntamiento recibe una compensación de unos 8 millones.
¿Cuáles son estas competencias? Las más importantes son las de carácter social, que representan 71,5 millones de euros. De esta cifra sobresale la ayuda a domicilio, que tiene un coste efectivo global de 23,6 millones de euros. Los programas de intervención familiar y de infancia (10,8 millones), la promoción, animación y participación comunitaria (7,4 millones), la prevención e inclusión de sectores sociales (15 millones), la prevención e inclusión sociolaboral (6,6) o el alojamiento permanente o temporal (7,9) son algunas de ellas. Por otro lado, destacan las partidas de empleo y educación, que suponen otros 25 millones. Las competencias de juventud representan 8 millones y las de participación y voluntariado, 19.
Moción en el pleno de Vox
El pleno municipal debatirá esta viernes sobre este informe a iniciativa de Vox. Su portavoz, Julio Calvo, explicó que la cuantía "es excesiva". "Hay una desproporción entre lo que le cuesta al Ayuntamiento y lo que paga la DGA", afirmó el edil. En su opinión, "la ley de capitalidad ha resultado fallida". "Esta normativa no va a resolver los problemas de financiación y ha cronificado el enorme déficit", declaró. Calvo exigió una valoración "más exhaustiva" y que se incluyan cuestiones como las ayudas a la cooperación y el desarrollo.
