Rivarés advierte de que solo quedan 2 días para cumplir la sentencia del bus urbano de Zaragoza

El portavoz de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha advertido de que el equipo de gobierno tiene apenas 48 horas para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el autobús urbano y bien impulsar un nuevo concurso público, bien municipalizar el servicio.

El Alto Tribunal ratificó una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anulaba dos cláusulas del pliego de condiciones -la solvencia técnica y la necesidad de ser una sociedad anónima-, que supusieron la eliminación del proceso de la Cooperativa Unitaria de Trabajadores (CUT) y que resultara ganadora del concurso la empresa Tuzsa (ahora parte del Grupo Avanza).

En rueda de prensa, Rivarés ha recordado que la cooperativa fue "seriamente perjudicada en sus derechos" y que estos deben ser resarcidos -la indemnización por la exclusión del concurso público está fijada en 48 millones de euros, pero los propios trabajadores han descartado reclamarla-. A su juicio, las dos cláusulas anuladas "pretendían que el concursante único fuera Avanza" y eso viola el principio de libertad de empresa.

Tras el "varapalo jurídico" al Consistorio, la sentencia abre dos vías: elaborar un nuevo pliego por el que pudieran participar más empresas en el concurso o la gestión directa de un servicio que es "esencial" y, por tanto, "no es un negocio", ha añadido. No obstante, ha expresado su temor de que el alcalde, Jorge Azcón, y la concesionaria estén intentando ganar tiempo con un recurso de la empresa al Tribunal Constitucional (TC) que "no tiene ningún viso de ser admitido a trámite" o con la redacción de un nuevo pliego para un nuevo concurso "ya pactado o hablado con alguien".

Eso último, para el portavoz de la formación morada, sería "un nuevo delito" como el que cometió el Ayuntamiento con el pliego de 2013. En todo caso, ha considerado que la mejor interpretación de la sentencia es la que insta a la gestión directa del servicio.

Ha avisado, por último, de que sería un "delito" no cumplir una sentencia y de que el servicio de autobús está "en peligro", además de que es "éticamente impresentable" no cumplir con las resoluciones judiciales