La revuelta de los ayuntamientos tumba en el Congreso el plan de ayudas estatales

El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves la convalidación del decreto con el que el Ministerio de Hacienda pretendía aprobar el reparto de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia siempre y cuando las entidades municipales entregaran sus remanentes de tesorería. El PSOE solo ha logrado el respaldo de su socio de gobierno, Unidas Podemos, y de Teruel Existe, mientras que el resto de formaciones políticas han votado en contra, en consonancia con los alcaldes que, liderados por el de Zaragoza, Jorge Azcón, reclaman que el fondo covid sea incondicionado.

“Es una victoria histórica del municipalismo”, ha aseverado Azcón desde el Congreso tras constatar que Hacienda no ha logrado el apoyo necesario para impulsar su propuesta de reparto de ayudas. Para el regidor de la capital aragonesa, se ha hecho “justicia”, pero ha recordado que “solo es otro paso en el camino”, ya que el objetivo es que “lleguen recursos a la ciudad, dinero para ayudar a los autónomos, a la hostelería, a quien necesita ayudas para la alimentación”.

Por su parte, la titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado tras su derrota en el Congreso que ahora debe ser la oposición y no el Gobierno quien tiene que presentar una alternativa al decreto, que fue acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero. “Es su responsabilidad”, ha advertido la ministra a los alcaldes díscolos.

En este sentido, Azcón ha señalado que “hay una propuesta de consenso que votaron incluso los alcaldes socialistas en el seno de la FEMP”, en referencia al acuerdo previo al finalmente firmado por Caballero y que reclamaba a Hacienda un fondo de 5.000 millones de euros incondicionado y proporcional a la población. “Igual que se han repartido a las comunidades autónomas, es lo más justo y equitativo”, ha reiterado el alcalde de Zaragoza.

Sin apoyos

El primer grupo parlamentario en intervenir en el debate para la convalidación del citado decreto ha sido el PP, cuyo vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha justificado su posición en que su partido no puede ser "cómplice" de lo que considera "el robo del siglo".

"El hijo pretende ayudar al padre pero el padre le quita la hucha de los ahorros a sus hijos", ha ilustrado el dirigente 'popular', quien ha censurado al Gobierno por el "lamentable chantaje" al que, a su juicio, está sometiendo a los ayuntamientos al darles a elegir "entre el fuego y la sartén".

Y no ha sido el único en reclamar un nuevo decreto, puesto que también lo han hecho el grueso de las fuerzas parlamentarias. Y, en concreto, algunos de sus socios de investidura han ido más allá y han urgido al Gobierno a derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Económica y Presupuestaria impulsada en su día por el PP, también conocida como 'Ley Montoro'.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado que su rechazo "al golpe más duro" que pretende atestar el Gobierno al municipalismo en estos años, a un "chantaje sin precedentes", ha añadido, que "castiga en lugar de premiar" y que "atenta" contra el principio de autonomía local. "El Gobierno, en lugar de apretarse el cinturón, le quita los ahorros a los ayuntamientos", ha denunciado el dirigente de Vox, para quien cada vez hay más motivos para la moción de censura que su partido pretende presentar "en breve".

En nombre de ERC, Joan Margall ha lamentado que el Gobierno haya apostado por la "recentralización y la austeridad" igual que el 'popular' Cristóbal Montoro y que pretenda convertir a los ayuntamientos "en el banco del Estado". Tras criticar duramente el decreto se ha abierto a negociar un nuevo con el Ejecutivo que respete el principio de autonomía local y no incluya "chantajes".

Desde Ciudadanos, Carmen Martínez Granados ha lamentado que esta vez no haya sido posible un acuerdo con el Gobierno, al que ha acusado de "no escuchar" a la oposición ni a los ayuntamientos y de intentar ponerles "entre la espada y la pared" con el polémico decreto. Eso sí, ha destacado que "aunque hoy se hayan quedado solos", no lo están y pueden traer un nuevo texto, eso sí consensuado, con cambios legislativos para solucionar el problema de los remanentes.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha cuestionado la "improvisación" de un decreto que no tiene en cuenta los conciertos vasco y navarro, y ha instado al Gobierno a "aparcar las diferencias" y a tratar de buscar "puntos de encuentro" a través de un nuevo decreto avisando de entrada que todo lo que se decida será un "parche" mientras no se reforme la Ley de Estabilidad.

Desde Junts, sin embargo, Ferrán Bel ha defendido que se pueden alcanzar soluciones sin cambiar ese artículo 135 de la Carta Magna, y ha animado a Montero a "tragarse el orgullo" y a aprobar un nuevo texto eso sí "con garantías de ser convalidado".

Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, ha rechazado lo que ha definido como un "acuerdo con forceps" en el seno de la FEMP y ha reprochado a Montero su intento de "culpabilizar a la oposición". También ha exigido un nuevo decreto y que deje de "negociar a última hora y con nocturnidad". "Aprendan que tiene aliados, no palmeros", ha enfatizado.

En el Grupo Mixto, todos se han reafirmado en su negativa a convalidar este decreto ley: la CUP ha afeado al Gobierno que pretenda "centralizar los ahorros", CC le ha acusado de "chantajismo", NC y UPN han cuestionado que se trate a los ayuntamientos como administraciones de segunda, el PRC ha pedido una modificación exprés de la Ley de Estabilidad y Foro Asturias ha denunciado el trabajo de "incautación" que pretende ejecutar el Ejecutivo con esta medida.

Apoyo 'in extremis' de Unidas Podemos

Tras reconocer que este decreto ha "tensado las costuras" de la coalición de Gobierno y también las internas de los partidos que lo componen, el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha defendido que, al final, Hacienda ha "escuchado" y ha hecho un "esfuerzo sincero" con su última oferta, aunque no ha sido suficiente. "Hoy ganan los agoreros", se ha lamentado, a la vez que ha urgido a Montero a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Su socio catalán, En Comú, también ha valorado el acuerdo alcanzado "in extremis" con el Gobierno, que consideran "un buen punto de partida" pese a haber llegado "tarde". Ahora bien, por boca de su diputado Gerardo Pisarello, ha pedido a la ministra de Hacienda que haga "autocrítica" y reaccione "de manera inmediata" presentando un nuevo decreto. "Cuando uno está en el Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades", ha aseverado.

Por último, en el PSOE Patricia Blanquer ha trasladado el apoyo de su grupo a la ministra y ha añadido que "no hay excusa" para no convalidar este decreto y que no hacerlo "choca" con la defensa del municipalismo y supone un "maltrato" a la ciudadanía.