tribunales
Condenan a prisión a un administrador de fincas de Zaragoza por quedarse el dinero del ascensor
Una comunidad de vecinos del barrio de La Paz le reclamaba 79.552 euros, pero la Audiencia de Zaragoza solo considera acreditado una apropiación indebida de 18.921.
La Audiencia de Zaragoza ha dado la razón a una comunidad de vecinos del barrio de La Paz de Zaragoza al reconocer que su antiguo administrador, Manuel Federico C. C., se aprovechó del cargo y de la confianza que depositaron en él para apropiarse de parte del dinero que habían abonado para instalar un ascensor en la finca, ubicada en la calle de José Lóbez Pueyo número 16. Sin embargo, los denunciantes no podrán recuperar los 78.814 euros que reclamaban, ya que no aportaron una auditoría capaz de precisar la cuantía del fraude. De hecho, el tribunal ha condenado al encausado a indemnizar a la comunidad con 18.921 euros, que es la suma que él mismo confesó haberse quedado para superar un «bache económico».
El acusado podría haber acabado entre rejas, ya que la comunidad de vecinos pidió que se le impusiera una pena de cuatro años por delitos de apropiación indebida y falsedad. Pero los magistrados entienden que no existe ninguna prueba de esto último, por lo que reducen la condena a dos años, que era la que proponía la Fiscalía. Ello permitirá a la defensa, a cargo del letrado Joaquín Tortajada, plantear la suspensión de la sentencia para evitar que su cliente ingrese en Zuera. Cabe recordar que este administrador ya fue juzgado y condenado en 2011 por otra apropiación indebida, pero el antecedente no computa a efectos de reincidencia.
Los hechos que llevaron al banquillo a Manuel Federico C. C. se produjeron entre los años 2015 y 2019, cuando los propietarios de la finca –que integran 16 viviendas y dos locales– decidieron contratar sus servicios para que gestionara la instalación del elevador. Hasta entonces, el edificio se había administrado a la vieja usanza, con un presidente que se encargaba de cobrar los recibos y llevar la contabilidad. Pero la complejidad y cuantía del proyecto, en el que se iban a girar derramas y tramitar subvenciones, llevó a los vecinos a buscar un profesional que se encargara de todo. Sin embargo, los hechos han demostrado que erraron en la elección. Sobre todo, porque el propio Colegio de Administradores de Fincas de Aragón había expulsado al encausado en octubre de 2008 por «mala praxis». De ahí que el colectivo insista en la necesidad de comprobar que los administradores a los que se contrata están colegiados.
La obra nunca se ejecutó
Durante su declaración, el acusado confesó al tribunal que utilizó la cuenta de la comunidad de vecinos –de la que durante mucho tiempo fue único titular y administrador– para gestiones personales. «Por aquellas fechas yo llevaba unas 20 comunidades y giraba los recibos de mis honorarios a través de esta cuenta. Sé que está muy mal hecho, pero lo hice», reconoció. La Audiencia Provincial considera que actuó así para «enmascarar» la desviación de dinero, ya que la acumulación de cargos e ingresos de distinta naturaleza «disimulaba» la verdadera situación contable de la finca. Tanto es así, que los vecinos no se enteraron de lo que ocurría hasta que la entidad bancaria les alertó de operaciones sospechosas.
Como refleja la sentencia, el ascensor nunca llegó a instalarse debido a las discrepancias que surgieron con el propietario de uno de los locales. En cualquier caso, los vecinos habían abonado ya prácticamente la mitad del dinero que costaba la obra a través de una derrama extraordinaria. Y como el tribunal solo exige ahora al condenado los 18.921 euros que reconoció haberse quedado y nunca devolvió, no se descarta que la acusación particular, a cargo del abogado Antonio Miguel Rodríguez, recurra el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
