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Juzgados por un fraude de 758.226 € en la venta de parte del viejo cine Coliseo

La Fiscalía acusa a tres empresarios por la operación sobre los locales que ahora ocupa Mango en Independencia.

Los acusados, este miércoles, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
Los acusados, este miércoles, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
Heraldo

La venta en 2013 del local que ahora ocupa la firma Mango en el local del antiguo cine Coliseo del paseo de la Independencia ha llevado al banquillo de los acusados al que entonces era su propietario Francisco Javier L. B., administrador único de Desarrollo Urbano Aragonés S. L. (DUAR). Junto a él se sientan Mariano C. V. y Jesús Javier L. L., y los tres están acusados de delitos de falsedad documental y fraude contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen que los tres fingieron una intermediación con el único fin de defraudar al fisco, y que para ello impusieron al comprador –la mercantil Punta Na Sau, sociedad integrada en el grupo Mango, que en aquellas fechas ya tenía arrendadas las fincas a través de su sociedad Punto Fa S. L.– la obligación de pagar 3,5 millones a un intermediario que no había hecho labores como tal.

El legal representante de Mango, Miguel C. B., que en 2013 era el director de auditorías y control interno, fue claro ante el tribunal: "Una vez cerrado el acuerdo me dijeron: tenemos un pacto con un Api, si queréis comprar tenéis que firmar sí o sí".

El precio acordado por la compra del local fue de 11.950.000 euros, pero antes de escriturarlo suscribieron un contrato con Inversiones Creativas Siglo XXI, administrada por Jesús Javier L. L. y apoderada por Mariano C. V., en el que le pagaban 3.509.000 euros (2.900.000 más 609.000 de IVA) por sus labores mediadoras. El precio para Mango no varió, solo que escrituraron por menos la compra y pagaron el resto a Inversiones Creativas Siglo XXI. Según el rastro seguido por Hacienda, esos 3,5 millones se extrajeron poco después por los acusados y volvieron casi íntegramente a Francisco Javier L. B. a través de una mercantil de su hija (acusada también a título lucrativo) y a Mariano C. V. y a su familia (se repartieron unos 150.000 euros). Mediante esta operación DUAR evitó pagar como impuesto de sociedades 758.526 euros, según las acusaciones.

Quien aparentemente no se llevó nada fue el encausado Jesús Javier L. L. Este admitió que creó la sociedad Inversiones Creativas Siglo XXI para comprar y vender fincas, pero nunca la utilizó. Añadió que dio poderes a Mariano C. V., con quien tiene "confianza total y absoluta", por si hacía alguna operación. "En cinco años no se hizo nada y yo pensaba que estaba dada de baja", manifestó. A preguntas de su abogado, Alejandro Giménez, añadió que de la venta a Mango no sabía nada y que no tuvo ninguna intervención.

Por su parte, Francisco Javier L. B., que solo respondió a su letrado, negó que la operación se hiciera así con la intención de defraudar a Hacienda, pero no explicó a que se debió el contrato de intermediación.

Mientras, Mariano C. V., se acogió a su derecho a no declarar, al igual que las tres familiares de los encartados, juzgadas como responsables civiles.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para los tres acusados penas de entre cuatro y cinco años de cárcel y multas de entre dos y tres millones de euros. Las defensas, a cargo de los abogados Alejandro Giménez, Valentín Romero, Alfonso Polo piden la absolución.  El juicio continúa este jueves. 

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