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Las verbenas de las fiestas de Aranda de Moncayo llevan al banquillo a la exalcaldesa

La Fiscalía asegura que Rosario Cabrera adjudicó los espectáculos sin convocar un concurso público, la acusa de prevaricación y pide doce años de inhabilitación.

JUICIO CONTRA ROSARIO CABRERA POR PREVARICACION / AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA / 22/07/2020 / FOTO : OLIVER DUCH [[[FOTOGRAFOS]]]
La acusada, ayer, en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza.
Oliver Duch

La exalcaldesa de Aranda de Moncayo Rosario Cabrera (PSOE) volvió a sentarse este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza, la misma que la condenó en la primavera de 2019 a nueve años de inhabilitación por adjudicar un coto de caza a una sociedad deportiva integrada por varios familiares suyos. Como entonces, la exregidora ha sido acusada de un delito de prevaricación, esta vez, por el presunto fraccionamiento fraudulento del contrato con el que se adjudicaron las verbenas de las fiestas de 2018. Curiosamente, quien denunció la supuesta ilegalidad fue una prima hermana de la investigada, que también es concejal, pero por el Partido Popular. Como acusación particular personada en la causa, esta parte solicita ahora doce años más de inhabilitación para Cabrera, la misma pena que propone la Fiscalía.

Si algo quedó claro durante la vista celebrada ayer fue que la relación entre la exalcaldesa y el entonces secretario-interventor municipal tampoco era buena. De hecho, este último emitió un informe advirtiendo de que la decisión de adjudicar las verbenas de las fiestas de agosto a dos empresas distintas pagando 8.000 euros a cada una podía ser irregular. El funcionario estaba citado como testigo para dar su versión en el juicio, pero justificó su ausencia por motivos de salud.

La que sí dio todo tipo de explicaciones fue la exregidora y acusada, quien negó haber pretendido vulnerar la Ley de Contratos Menores, que obliga a sacar a concurso las adjudicaciones cuando se supera un límite presupuestario. Y aquí radica otra de los puntos controvertidos, ya que durante los meses en que se formalizó la contratación de las orquestas de las fiestas patronales de Aranda de Moncayo con las empresas Aznar Promociones Artísticas y Efecto Trébol cambió la legislación y dicho límite se redujo de 18.000 a 15.000 euros. Según la Fiscalía y la acusación particular, el Ayuntamiento firmó un contrato el 1 de junio de 2018 por el que pagó un total de 16.000 euros por las orquestas, por lo que, superó el tope establecido y actuó de forma irregular. La defensa, sin embargo, mantiene que se hizo todo correctamente, ya que, asegura, existía un precontrato con estas orquestas de 9 de enero al que habría que ceñirse.

«Yo era un cargo electo, no tengo por qué saber de ciertas cosas. Y si no se me informa, difícilmente puedo saber»

«Yo era un cargo electo, no tengo por qué saber de ciertas cosas. Y si no se me informa, difícilmente puedo saber», declaró la exregidora cuando le preguntaron por qué tramitó los contratos después de que el secretario le hubiera advertido de la supuesta irregularidad.«A mí el secretario no me dio a firmar ningún informe negativo porque yo aquel día estaba en la DGA, siendo informada, precisamente, de su cese. Por eso verá que ese escrito no lleva mi firma», explicó. Y lo cierto es que su rúbrica no consta en el documento.

Sin embargo, la funcionaria que sustituyó al secretario-interventor en abril de 2018, también redactó más tarde otro informe dejando constancia de un posible incumplimiento de la Ley de Contratos Menores de 2017. «Claro que hablé con la exalcaldesa para explicarle la situación antes de elaborar dicho informe», manifestó ayer en el juicio esta testigo. Por su parte, los representantes de las dos empresas de espectáculos con las que se firmaron los contratos aseguraron que hicieron «lo que se hace en todos los pueblos de Aragón».

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