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El informático que robó el examen de una oposición para su mujer no pisará la cárcel

El juicio se iba a celebrar el próximo lunes, 13 de julio, pero el funcionario del Salud ha confesado los hechos y ha pactado dos años de prisión con la Fiscalía. Perderá su puesto de trabajo, pero al no tener antecedentes podrá pedir la suspensión de la pena.

El acusado, este lunes, en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El acusado, en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Guillermo Mestre

El informático del Hospital Miguel Servet de Zaragoza que se sirvió de su puesto para robar el examen de una oposición del Servicio Aragonés de la Salud (Salud) a la que se presentaba su esposa ha terminado confesándolo todo. El funcionario iba a ser juzgado este lunes, 13 de julio, en la Audiencia Provincial acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que le pedían hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, la vista ni siquiera tendrá que celebrarse, puesto que las acusaciones y la defensa han pactado un acuerdo que impedirá que el encausado pise la cárcel.

Hasta ahora, Antonio L. M., técnico de gestión de sistemas del Salud, lo había negado absolutamente todo y decía ser acusado únicamente en base a «suposiciones». Sin embargo, el peso de la prueba y el temor a tener que ingresar en el centro penitenciario de Zuera le han llevado a admitir la sustracción de un examen que permitió a su mujer aprobar con la mejor nota: 97,33 sobre 100.

Según ha podido saber HERALDO, gracias al acuerdo alcanzado por la defensa, de la que se encarga el letrado Javier Osés, con la Fiscalía y el Gobierno aragonés, que ejerce la acusación particular, la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza condenará finalmente al informático a dos años de prisión y otros cinco de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público. Al no tener antecedentes penales, el técnico podrá pedir la suspensión de la pena de cárcel, por lo que no acabará en una celda a menos que vuelva a cometer un delito que revoque esta medida de gracia. En cuanto a la inhabilitación para acceder a un empleo público, cabe recordar que inicialmente el ministerio público proponía que fuera de once años, pero, con el pacto, se ha reducido a menos de la mitad.

Los hechos que han terminado costándole una condena al funcionario del Salud se remontan al 10 de mayo de 2018, fecha en la que se conoció la relación de opositores que habían superado la prueba teórica en la convocatoria destinada a cubrir siete plazas de especialista en Nefrología. Una de las aspirantes acertó 108 de las 110 preguntas, un resultado que por inusual y extraordinario despertó las sospechas del tribunal. El Gobierno aragonés inició entonces una investigación interna que confirmó que uno de sus informáticos se había aprovechado de su puesto de trabajo para favorecer a su esposa.

Lo negó siempre todo

Tras concluir que el funcionario había incurrido en una falta disciplinaria «muy grave», dada la gravedad del asunto, la administración dio cuenta de lo sucedido a la Fiscalía Provincial. Analizadas las pruebas, esta entendió que el informático podría haber cometido un delito de revelación de secretos y denunció el caso en los tribunales. Desde el primer momento, Antonio L. M. lo negó todo. Según el encausado, no se respetó la cadena de custodia de las pruebas y se vulneró «de forma deliberada» la legislación. Cuando fue citado a declarar ante el instructor del caso, el funcionario tampoco quiso colaborar y se limitó a reivindicar su inocencia. En cuanto a la oposición, el tribunal decidió no repetirla y optó por apartar de la convocatoria a la aspirante que supuestamente conocía las preguntas de antemano.

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