Polémica en los pueblos que no permiten el baño en las piscinas a los visitantes

Para controlar el aforo de las piscinas, algunos municipios limitan los abonos a los empadronados, los que poseen una segunda residencia o tienen un fuerte arraigo en la localidad. La OCU considera que se trata de una medida discriminatoria.

Los operarios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza ultiman los preparativos en las piscinas del CDM Actur
Los operarios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza ultiman los preparativos en las piscinas del CDM Actur
Oliver Duch

La necesidad de controlar los aforos de las piscinas ha llevado a algunos ayuntamientos a eliminar este verano las entradas individuales y poner a la venta solo abonos de temporada o de baños para los que tienen prioridad los vecinos empadronados, con una segunda residencia en el municipio o con un fuerte arraigo en el mismo.

La polémica está servida. La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido de que esta medida, sobre todo cuando se limita el acceso solo a los empadronados, es discriminatoria para los visitantes y otras personas que veraneen, ya que estos también contribuyen al mantenimiento del presupuesto municipal. Recomienda a los afectados –ya se han recibido quejas sobre este tema– reclamar a los ayuntamientos y ante el Defensor del Pueblo.

Villamayor de Gállego y Cadrete son dos de las localidades en las que figurar en el padrón es requisito imprescindible. José Luis Montero (CHA), alcalde de Villamayor, lamenta que haya personas que se puedan ver perjudicadas, pero apela a que la salud pública es "competencia municipal" y hay que evitar contagios. "De los 123 centros de salud aragoneses tenemos uno de los porcentajes más bajos de contagios, mientras otros triplican y hasta cuatriplican esta cifra. Esto es un riesgo", argumenta. Su homóloga de Cadrete, M.ª Ángeles Campillos (PP), recuerda que son unos 4.300 vecinos y la capacidad de las instalaciones al 75% es de 349 personas.

Cuarte también ha restringido la entrada a los residentes y Utebo está vendiendo primero los bonos a los vecinos y a partir del 10 de julio lo hará al resto de interesados hasta completar el aforo.

Algunas pequeñas poblaciones también aplican estos condicionamientos al ver cómo pueblos cercanos no abren sus instalaciones. Es el caso de Grisel, en la comarca de Tarazona y el Moncayo. "Estamos empadronados 80 vecinos y en verano la población se triplica y llega a los 240. Podrán entrar entre 40 y 44 personas, por lo que podemos tener hasta problemas puntuales de capacidad. Además, son gratuitas", explica su regidor, Javier Martínez (PP).

Desde el Colegio de Abogados de Zaragoza, su secretario José Antonio Sanz, experto en Derecho Administrativo, opina que no se puede cercenar el uso de un servicio público "por cuestión de residencia" y hay que buscar otras fórmulas de control "no discriminatorias"

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