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Una comunidad de Zaragoza acusa a su administrador de quedarse los 45.000€ del ascensor
La Audiencia Provincial juzgó este martes al acusado, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión y los vecinos, cuatro. Él admite las irregularidades, pero asegura que solo se apropió de 18.900 €, que tampoco ha devuelto.
La comunidad de propietarios del edificio de la calle de Lóbez Pueyo 16, en el barrio de La Paz de Zaragoza, no había contratado nunca un administrador y se autogestionaba a la vieja usanza: los propietarios de los 16 pisos y los tres locales se iban alternando en la presidencia, haciéndose cargo del día a día de la finca. Sin embargo, en el año 2013, empezaron a plantease en serio la necesidad de instalar un ascensor. La complejidad y cuantía del proyecto, en el que se iban a girar derramas y tramitar subvenciones, les hizo ver que había llegado la hora de buscar a un profesional que gestionara la obra y se hiciera cargo de la contabilidad de la comunidad. Pero los vecinos eligieron mal, ya que esa persona acabó llevándose el dinero con el que iban a sufragar el elevador y todavía tienen que seguir subiendo las escaleras.
Por estos hechos, que se denunciaron a comienzos de 2019, la Fiscalía y la comunidad de propietarios sentaron ayer en el banquillo de los acusados a Manuel Federico C.C., quien, a día de hoy, no figura como ejerciente en el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Durante el juicio, celebrado en la Audiencia de Zaragoza, el encausado reconoció las irregularidades contables, que justificó diciendo: «Las cosas iban muy mal. Tengo mujer e hijos y los únicos ingresos eran los míos».
En cualquier caso, quien fuera administrador de esta comunidad del barrio de La Paz confiesa haberse apropiado únicamente de 18.900 euros, cantidad que dista muchos de los cerca de 80.000 que le reclaman los vecinos y de los 45.000 que le exige la Fiscalía.
Como explicaría en su informe la representante del Ministerio Público, Pilar Cavero, «la turbia administración de las cuentas llevó a una confusión de cifras que hace imposible precisar cuánto dinero se quedó realmente el acusado». Por ello, esta parte se limita a reclamarle el importe de las derramas del ascensor, ya que «nunca se ha sabido dónde fue a parar ese dinero». Como autor de un delito de apropiación indebida, solicita también una condena de dos años de prisión.
La comunidad de propietarios va más allá, y además del doble de dinero -a los 45.000 del ascensor suma otros supuestos desvíos de dinero- le exige el doble de prisión: cuatro años.
"Se que está mal, pero lo hice"
Durante su declaración, el acusado confesó al tribunal que utilizó la cuenta de la comunidad de vecinos –de la que durante mucho tiempo fue único titular y administrador– para gestiones personales. «Por aquellas fechas yo llevaba unas 20 comunidades y giraba los recibos de mis honorarios a través de esta cuenta. Sé que está muy mal hecho, pero lo hice», reconoció. «Luego sacaba ese dinero con conceptos ficticios», añadió.
La primera en darse cuenta de que algo no iba bien fue la entidad donde los vecinos tenían depositado el dinero. «No encontramos otra opción que bloquear la cuenta, lo que permitió a la comunidad darse cuenta del problema contable», declaró la subdirectora de la oficina.
Dado el reconocimiento de parte de los hechos por parte de su cliente, la defensa, a cargo del letrado Joaquín Tortajada, propuso una pena de seis meses de cárcel.
