La cuñada del joven al que quemaron la cara en Caspe seguirá presa por el ataque

La juez que investiga el ataque perpetrado con un producto químico contra el menor Kamal Mouloudi el 3 de mayo de 2019 en Caspe acaba de negarse a excarcelar a su cuñada, la presunta ‘cerebro’ de una cobarde y brutal agresión que le dejará secuelas de por vida y por la que fueron detenidas cinco personas. Como hiciera el pasado mes de enero, la defensa de Sara G., de 27 años, se dirigió a la instructora para pedir la sustitución de la prisión provisional por una medida menos restrictiva, como una orden de alejamiento que le impida aproximarse o comunicarse con la víctima o su entorno familiar.Sin embargo, una vez más, el juzgado ha vuelto a responder de forma negativa.

Como indica la juez en su auto, el encierro de la sospechosa tenía una triple finalidad: evitar una posible fuga, que volviera a atacar a la víctima o que destruyera alguna prueba. Para la Fiscalía –a la que se solicitó que se pronunciará sobre el posible excarcelamiento–, todos esos riesgos persisten. De ahí que la juez haya decidido rechazar la propuesta y mantener presa en Zuera a la investigada. Máxime, recuerda, cuando de las pesquisas practicadas se desprende que esta podría ser autora de un delito de lesiones cualificadas.

Cabe recordar que el joven –que ahora ya ha cumplido la mayoría de edad, pero tenía 17 años cuando le rociaron la cara y el cuerpo con un producto químico a la salida del instituto– todavía no se ha recuperado de las graves quemaduras sufridas.De hecho, estuvo varios meses ingresado y tiene operaciones quirúrgicas pendientes. Por lo tanto, habrá que esperar a que las lesiones se estabilicen para que lo vean los forenses y se pronuncien sobre las secuelas. Porque del informe de los especialista del Instituto de Medicina Legal de Aragón dependerá en buena medida la calificación penal de los hechos.

Solo dos investigados presos

Pese a que son cinco los investigados por estos hechos, solo dos permanecen privados de libertad: la cuñada de Kamal y Aitor G., un expresidiario de 37 años al que supuestamente la primera pagó 500 euros para que hiciera de brazo ejecutor. Según los investigadores, con esta acción, la mujer habría intentado vengarse del hermano de la víctima por marcharse de España y abandonarla.

El pasado mes de enero, la Audiencia de Zaragoza dejó en libertad a José G., de 41 años, al que también se había detenido por su implicación en el ataque. Aquella decisión hizo que un millar de personas se manifestaran por las calles de Caspe exigiendo justicia.

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