El equipo de gobierno de Zaragoza aprueba su plan de desescalada entre críticas sindicales

El gobierno PP-Cs aprobó el viernes por decreto la instrucción que va a regir el proceso de desescalada municipal y abrió un frente con las secciones sindicales, que no descartaron acudir a los tribunales por haberse acordado sin negociación. El concejal de Personal, Alfonso Mendoza, defendió la decisión por la necesidad de regular la vuelta del personal municipal, mientras que los sindicatos hablaron de "cacicada".

La instrucción fija el sistema por el que se debe producir la desescalada y abre la posibilidad a modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, aspecto este que ha levantado en armas a los sindicatos. Regula cuestiones como el teletrabajo, los horarios de entrada y salida a los centros, la conciliación o las excepciones a la reincorporación al trabajo presencial. Para Alfonso Mendoza, esta instrucción está vinculada a la guía de seguridad y salud, que será la que regirá la incorporación de los funcionarios tras la solicitud de los jefes de servicio.

"Se alteran las condiciones laborales. Aprovechan el estado de alarma para hacerlo, es una barbaridad"

Pero los sindicatos consideran que el gobierno quiere modificar las condiciones de trabajo sin la obligatoria negociación sindical. "Es muy grave. Se alteran las condiciones laborales. Aprovechan el estado de alarma para hacerlo, es una barbaridad. Es un desprecio a la negociación colectiva", comenta Roberto Tordesillas, de CC. OO.

Cita expresamente uno de los artículos, que abre la posibilidad de modificar calendario laboral, horarios, turnos o incluso funciones y tareas. "Si se altera esto, hay que negociarlo", subraya Tordesillas, que explica que los servicios jurídicos del sindicato estudiarán la impugnación.

Goyo Barcelona, presidente de la junta de personal y representante de CGT, deja claro que "no puede faltar la negociación colectiva". "Queremos volver, pero en las condiciones más seguras. Y creo que se podría haber negociado.El documento da un margen de maniobra al gobierno bestial", dice. Chema Ferrer, de UGT, habla de "caos" y considera que se vulnera el convenio colectivo y el derecho a la negociación colectiva. Todos los sindicatos critican al gobierno por llevar el documento al en el comité de seguridad y salud, cuando a su juicio se debería haber presentado ante la junta de personal.

"Yo ejerzo mis responsabilidades y no hago dejación", dice Mendoza, que califica de "rabieta" la reacción de los sindicatos. Afirma que uno de los artículos de la instrucción regula la interlocución y negociación con los sindicatos.

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