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Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza

Azcón eleva hasta 64 millones el agujero por la pandemia y pide un gran pacto a la oposición

Rechaza subir los impuestos y exige ayudas al Estado. La izquierda reclama al gobierno PP-Cs que acuda a la deuda y el alcalde no lo descarta.

El agujero económico que va a dejar la pandemia de la Covid-19 en las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza va a más conforme pasan los días. El alcalde, Jorge Azcón, cifró este viernes en un mínimo de 53 millones y un máximo de 64 la merma de ingresos que va a sufrir el Consistorio a la espera de cómo evolucione la crisis sanitaria. "Los ayuntamientos necesitamos un nuevo marco financiero para afrontar este desafío, superior a la crisis de 2008", declaró Azcón.

Era el primer pleno desde la declaración del estado de alarma y por motivos de seguridad solo asistieron 11 de los 31 concejales –el resto siguió la sesión por videoconferencia–. Los pasos dados por el gobierno PP-Cs durante este último mes y, sobre todo, las consecuencias económicas para el erario y para los ciudadanos fueron la clave del debate.

De hecho, en el inicio de la sesión, el regidor leyó una declaración institución con la que los partidos reclamaron "instrumentos efectivos" para afrontar esta crisis. Entre ellos, figura disponer de todo el superávit para atender los costes de la crisis, así como tener más flexibilidad con la aplicación de las reglas de gasto y de estabilidad presupuestaria.

El alcalde ciñó la parte inicial de su discurso a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, desde la desinfección de autobuses hasta el cierre de centros de mayores. Fue al detalle, para tratar de evidenciar que el Consistorio ha estado "atento" y ha sido "previsor", incluso antes de la declaración del estado de alarma.

"Pero no estamos satisfechos. Nunca se hace lo suficiente cuando estamos hablando de personas que pierden la vida y seguro que hemos cometido errores", dijo el alcalde. Defendió la idea de un gran acuerdo con la oposición en materia presupuestaria, social y "para el día después".

El tono del debate fue contenido, pero la izquierda reclamó al gobierno medidas "para no dejar a nadie atrás", cuestionó la atención en los servicios sociales de las últimas semanas y defendió recurrir a la vía de la captación de deuda para afrontar la crisis. La portavoz socialista, Lola Ranera, lanzó una batería de propuestas en materia económica y social para "salvar la ciudad".

Por eso, reclamó un "presupuesto Covid-19" dado que las cuentas actuales ya eran "engañosas" antes de la pandemia. Citó los 20 millones de ingresos por venta de suelo. "Eso no se lo cree nadie. Si en enero era irreal, ahora es de chiste", afirmó. "Si no vamos a la captación de deuda a largo plazo, el presupuesto en lugar de ser un instrumento a favor de la ciudadanía será un auténtico lastre. Si no nos endeudamos, no existirán políticas de recuperación", dijo Ranera, que pidió que se articulen ayudas, políticas de gasto "expansivas" y que se exima del pago de algunos impuestos.

Pedro Santisteve, de ZEC, y Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, apostaron por una nueva política fiscal, en el que "pague más quien más tiene". "El Ayuntamiento debe actuar como red de protección de los más vulnerables", afirmó Santisteve. Rivarés pidió "bonos vacuna" y acusó a la coalición PP-Cs de "provocar hambre" en la ciudad por no abrir todos los centros de servicios sociales, palabras muy criticadas por el gobierno. Julio Calvo, de Vox, pidió cambios en materia competencial ante los "recortes" que se avecinan.

La concejal de Hacienda y portavoz del PP, María Navarro, comparó la deuda de las ciudades para concluir que Zaragoza es la que está en peor situación de todas, mientras que Sara Fernández, de Cs, defendió la gestión en materia social y reclamó más fondos para los ayuntamientos. "Necesitamos una financiación extraordinaria para gestionar los servicios. Los 300 millones que se reparten autonomías y ayuntamientos son insuficientes", dijo Fernández.

El alcalde cerró el debate en clave más económica. En primer lugar rechazó subir impuestos, como sugirieron ZEC y Podemos, y respecto a la deuda, no descartó incrementarla, pero hizo un llamamiento a la "prudencia". Recordó en este sentido que antes de pedir préstamos el Estado deberá fijar el marco jurídico. Fue más proclive a reclamar ayudas directas, como las articuladas en otros países para los ayuntamientos, así como a recabar el apoyo financiero del Estado y de la UE.

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