Azcón se pone a disposición de la DGA pero continuará haciendo test hasta que se apruebe la orden
Los ayuntamientos de Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Fuenferrada ofrecen los suyos al Salud. CC. OO. defiende las pruebas de Zaragoza por ser "complementarias".
El Ayuntamiento de Zaragoza acatará la decisión del Gobierno de Aragón sobre los test rápidos y hará lo que el Ejecutivo "estime oportuno". No obstante, hasta que la DGA publique la orden autonómica que desarrollará la normativa estatal, por la que quedarán prohibidos todos aquellos que se hagan sin prescripción facultativa y sin la autorización de Salud Pública, seguirá practicando sus pruebas de diagnóstico al personal municipal -esencialmente Bomberos y Policía Local- y a las personas sin hogar que quieran acceder al pabellón de Tenerías.
El propio alcalde, Jorge Azcón, aseguró que "no habrá polémica". Recordó, en este sentido, que el Consistorio "compró los test cuando no había" con la intención de ayudar y actuar con las mayores garantías. "Si el Gobierno de Aragón cree ahora que no son necesarios y quiere cambiar la política, estaremos en colaboración absoluta y no habrá problema en llegar a un acuerdo", dijo.
La decisión de mantener estos test, adquiridos con fondos municipales, contrasta con la postura adoptada por los municipios turolenses que también compraron pruebas por su cuenta. Los ayuntamientos de Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Fuenferrada suspendieron este miércoles definitivamente la campaña de test rápidos prevista para conocer el grado de contagio por coronavirus entre grupos de riesgo y trabajadores de las empresas que siguen activas.
El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, afirmó que la normativa dictada por el Ejecutivo pone "contra la pared" a estos cuatro ayuntamientos, que tienen que cancelar la operación, para la que habían comprado 1.500 test. Anunció, no obstante, que las cuatro localidades pondrán a disposición del Salud los 1.300 sobrantes siempre que se utilicen "ya" para averiguar el grado de expansión de la epidemia. Moreno reiteró que su voluntad ha sido desde el principio colaborar con el Gobierno aragonés y recordó que cuando compraron los test los ofrecieron, sin éxito, a Sanidad para su aplicación en el territorio.
El regidor señaló que la pretensión de los ayuntamientos era tener una "radiografía" de la extensión del Covid-19 entre colectivos de riesgo, como trabajadores de supermercados, de servicios que están en contacto con el público, comercios y empresas operativas. Lamentó, a este respecto, que el Gobierno lleve un mes de alarma "sin actuar en los pueblos para medir el nivel de contagio", lo que, a su juicio, genera incertidumbre.
Prescripción obligatoria
La normativa autonómica se publicará en próximas fechas. Una vez entre en vigor, todos los test tendrán que ser autorizados y ‘prescritos’ por Salud Pública, que insiste en que esta prueba es simplemente "un complemento" a los PCR, de mayor grado de fiabilidad, y en que todos aquellos que se realicen al margen del sistema no tendrán validez sanitaria.
Empresas, ayuntamientos y sindicatos coinciden al exigir a la DGA "más pruebas" ante la prohibición de las adquiridas a título particular. CC. OO. instó ayer a hacer test rápidos "a todo el personal de los servicios esenciales". Defendió, en este sentido, que el servicio de prevención y salud laboral del Ayuntamiento "tiene toda la capacitación necesaria para seguir haciendo estas pruebas, básicas y necesarias".
En opinión del sindicato, estos test "no contraindican" los del Salud, sino que los complementan.
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