Centenares de vecinos del Aranda, principalmente de Illueca y Brea de Aragón, se han concentrado este martes por la mañana en el polígono el Cerradillo para expresar su rechazo a las inspecciones presenciales que la Agencia Tributaria está realizando en tres empresas de calzado de la localidad, con una media de 30 y 35 trabajadores cada una de ellas.

'Basta Ya, queremos trabajar' son algunos de los esloganes que se han escuchando. Muchos de los manifestantes coincidían en señalar que están inspecciones "serán la puntilla a un sector y a una comarca que agoniza", tal y como se recordó el domingo en una movilización histórica que reunió a casi 3.000 personas para exigir un futuro para la zona.

Las concentración ha sido masiva: empresas que han cerrado durante la mañana para concentrarse, propietarios de establecimientos e incluso alumnos del instituto. Las empresas que se están investigando son Isarus, Sucesores de Victorian Vicente y Sladan.

 La Agencia Tributaria ha confirmado que se ha llevado a cabo este martes una operación contra el fraude fiscal en el sector del calzado y que se han inspeccionado 74 sociedades y 29 personas físicas en ocho comunidades, entre ellas Aragón. 

Según ha informado la Agencia Tributaria, la operación afecta especialmente a fabricantes de calzado y, en menor medida, a minoristas.

La operación, denominada "Scarpe II", se produce después de que unas investigaciones previas constataran que no había correspondencia entre la cifra de negocios declarada de estas sociedades, que asciende a 240 millones de euros, y las entradas registradas en sus cuentas bancarias.

Recordaron que, en 2014, ya se practicó una operación en el sector del calzado -en aquel momento se denominó Scarpe-, que se desarrolló de manera simultánea en nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana) e incluyó el registro de los sistemas informáticos existentes en 29 establecimientos pertenecientes a 11 sociedades. La Agencia Tributaria indicó entonces que las empresas, del sector del calzado y el textil, podrían haber ocultado hasta un 30% de su facturación real gracias a la utilización de un ‘software de doble uso’ que permitía alterar diariamente la contabilidad a voluntad de cada establecimiento, reduciendo el número e importe de las operaciones registradas.