Con el Real Zaragoza en puestos de ascenso a Primera División, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han empezado a intensificar la negociación para determinar el modelo de financiación del nuevo estadio de fútbol. Después de meses de retrasos y tensiones, responsables de las dos instituciones han acelerado los contactos con el objetivo de pactar una operación urbanística que sirva para pagar el campo y que permita cerrar 20 años de confrontación política que han impedido que la vieja Romareda dé paso a la nueva.

Las conversaciones se impulsaron el pasado 10 de febrero, en un almuerzo entre el alcalde, Jorge Azcón, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, en el que se pactó la celebración de la comisión bilateral en marzo y en el que también se habló de la reforma del estadio. Las partes salieron convencidas de que los acuerdos eran posibles, también con el campo.

El objetivo es sentar las bases del proyecto y dejar atrás ocho meses marcados por la falta de avances y la desconfianza. Pese a que el gobierno PP-Cs del Ayuntamiento tiene en su mano el apoyo de Vox para impulsar el plan Romareda, considera que el respaldo del PSOE y la DGA a la operación no solo es necesario para garantizar el consenso, sino para dar seguridad jurídica a toda la operación. Hay que tener en cuenta que dos de los tres proyectos de estadio impulsados en el pasado cayeron por el rechazo del Gobierno de Aragón o de los tribunales.

En este mes ya se han producido varios encuentros para hablar del estadio. En ellos han participado también representantes de CHA, que controla las competencias en materia de urbanismo de la DGA (Lambán no solo se enfrenta a una negociación con el Ayuntamiento, sino también con su propio socio). Sobre la mesa estaba una propuesta municipal de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para convertir dos suelos del distrito Universidad en residenciales y generar unas plusvalías de unos 60 millones de euros con los que financiar el proyecto. Aunque no se descarta que la nueva Romareda cueste algo más, hasta los 70 millones, se quiere que el grueso de la inversión proceda del suelo a la espera de que se puedan concretar otro tipo de aportaciones.

PP-Cs diseñó la propuesta en julio del año pasado. Se trataba de trasvasar los aprovechamientos existentes junto al campo de fútbol, de unos 42.500 metros cuadrados edificables, a dos parcelas municipales, que pasarían a ser residenciales y en las que se podrían construir unos 420 pisos. Una está situada junto al campo de fútbol García Traid de Vía Hispanidad, en los terrenos del ‘skatepark’ inaugurado en 2017, y ocupa una superficie de unos 4.000 m2. Allí podrían ir 300 viviendas en dos edificios de 13 y 15 alturas. Ante el posible desmantelamiento de la instalación, ayer protestaron un centenar de usuarios, a los que trató de calmar Azcón: «Que no se preocupen. Respetaremos todos los equipamientos y haremos otros nuevos». El segundo suelo, de 1.600 metros cuadrados, está en Violante de Hungría, en los terrenos del cuartel de Palafox de la Policía Local, donde está ubicado un circuito de seguridad vial. Allí se han previsto 120 pisos. La operación no tiene ni un solo metro cuadrado de terciario.

Permuta de suelo por obra

El modelo de financiación sería la permuta de suelo por obra, una fórmula ya ensayada para la construcción por ejemplo del cuartel de la Policía Local de La Paz o la reforma del Seminario. La empresa adjudicataria levantaría el estadio, asumiendo la financiación y la redacción del proyecto, a cambio de las parcelas residenciales, donde promovería las viviendas. Está previsto que los espacios dotacionales o las zonas verdes que se vean afectados por la operación queden compensados en otro lugar. Una de las cuestiones que genera discusión es determinar si se trata de una modificación «sustancial» de PGOU o no, dado que en el primer caso la operación debería ser autorizada por la DGA. Pero si hay acuerdo, este elemento sería secundario.

El PSOE municipal, entonces con Pilar Alegría como portavoz, conoce el proyecto desde septiembre. Fue en ese momento cuando Azcón y Lambán tuvieron su primer encuentro oficial. El presidente dijo que se sentía «concernido» por el estadio, lo que abrió la expectativa de que al fin las dos principales instituciones de Aragón iban a ponerse de acuerdo. En octubre se cerró el protocolo con el Real Zaragoza, que gestionará el estadio durante 75 años a cambio de abonar el coste de las obras. No obstante, la cercanía de las elecciones generales, que se celebraron en noviembre, retrasó las posibilidades de pacto.

En diciembre, el gobierno PP-Cs retomó las conversaciones con el grupo municipal socialista, pero no hubo acercamiento. En una reunión con el alcalde que se produjo en ese mes, Alegría expresó sus reticencias, planteó que no se utilizaran suelos residenciales, sino terciarios, y dejó claro que el PSOE municipal se quedaría en la abstención.

El gobierno municipal constató que el entendimiento con Alegría era casi imposible, entre otros motivos porque hay informes que tasan los 42.500 metros cuadrados en 13 millones de euros si tienen un uso comercial o administrativo. En el mejor de los casos, se podría llegar a 25 millones. Imposible financiar el campo con esas cantidades, dado que el Ayuntamiento no quiere utilizar de momento fondos del presupuesto para pagar La Romareda y el propio Lambán ya dijo que no iba a haber «excesivas alegrías» con el estadio, palabras que evidenciaron que no va a haber aportaciones económicas de la DGA.

Cambio de interlocutor

Tras la ruptura de las conversaciones con Alegría el proyecto quedó parado y el Ayuntamiento se dirigió a Lambán. El concepto que trasladó el Ayuntamiento a la DGA es que la fórmula de financiación estaba abierta y expresó su disposición a plantear la operación con otros suelos. «Es un folio en blanco», dicen fuentes municipales para dejar claro que todo es negociable. Pero en las reuniones celebradas hasta ahora el Ejecutivo ni ha dado el visto bueno a la propuesta municipal ni ha defendido una alternativa. El único aspecto en el que coinciden las dos instituciones es que está descartado trasladar el campo a otra ubicación. El presidente marcó distancias esta semana, pidiendo «transparencia». Mientras tanto, el alcalde no ocultó su preocupación. «El proyecto no va al ritmo que me gustaría», admitió.

El margen para el acuerdo es escaso, dado que PP-Cs desea que el campo, con categoría cuatro estrellas, pueda estrenarse en la temporada 2024-2025 después de 36 meses de obras. Hay que tener en cuenta que la tramitación de la modificación del PGOU y el concurso público para adjudicar las obras puede suponer año y medio. El Ayuntamiento quiere que en marzo, después de la bilateral, se pueda cerrar un acuerdo, pero no es descartable que las dos instituciones se den más tiempo.

Hasta entonces, las dos administraciones defienden no hablar demasiado en público para no entorpecer las conversaciones. «El Gobierno de Aragón quiere que el proyecto del campo del fútbol salga adelante y por eso, no va a hacer más declaraciones. Ahora lo que hay que hacer es hablar con discreción y llegar cuanto antes a un acuerdo», afirman desde la DGA.  En el entorno de Azcón avisan de que «el Ayuntamiento puede hacer solo un estadio, pero se quiere que sea un proyecto de ciudad». «Nuestro objetivo es que sea un éxito», concluyen.