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Zaragoza

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Acusan a una pareja de Gallur de estafar casi medio millón de euros a una docena de vecinos

El matrimonio y un tercer encausado trabajan como gestores financieros y captaban dinero para varios fondos del Santander.

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Hacienda adeuda a Aragón 80 millones de euros correspondientes al IVA de 2017.
HERALDO

Un matrimonio que tenía abiertas sendas oficinas de asesoramiento financiero en Gallur y Mallén será juzgado la semana que viene en la Audiencia de Zaragoza por estafar presuntamente a una docena de vecinos de ambas localidades cerca de medio millón de euros.

Junto a Antonio S. C. e Inmaculada B. S. se sentará en el banquillo Jesús V. O. como cooperador necesario en el delito de estafa que la Fiscalía atribuye a los tres. Además, a los dos hombres les acusa de blanqueo de capitales y les pide sendas multas de 140.000 euros, además de siete años de cárcel para Antonio S. C. y Jesús V. O. y tres para Inmaculada B. S.

Según el ministerio público, la pareja era administradora solidaria de la sociedad Servicios Financieros Gallur y los dos tenían el cargo de agentes colaboradores del banco Santander. Además, él era responsable de una gestoría en Mallén. 

Entre 2010 y 2017, en su condición de agentes de la entidad financiera y aprovechándose de la confianza" depositada en ellos tanto por el banco como por los vecinos de los pueblos de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, desviaron dinero de las cuentas de estos últimos a las suyas propias. En total, 419.848 euros que el banco Santander ha devuelto a su clientes y que ahora reclama a los tres imputados.

La acusación mantiene que Antonio S. C. e Inmaculada B. S. convencían a sus clientes para que aportaran determinadas cantidades de dinero que ellos se iban a encargar de invertirlas en fondos de inversión o productos similares. 

Confiados en obtener rédito a su dinero, una docena de clientes les hicieron importantes entregas en efectivo o las obtuvieron de disposiciones de las tarjetas de débito de los perjudicados. Esta circulación de dinero en efectivo ha dificultado seguir el rastro del mismo, como reconoce el fiscal. Según este, Jesús V. O. –representado por el abogado Alberto Ballesteros–, quien facilitó su propia cuenta para recibir sus transferencias y blaquear el dinero.

El subdirector de una oficina del Santander de Mallén, "confiado en el buen hacer y la profesionalidad de los acusados, les hacía entrega de efectivo cuando le presentaban los documentos necesarios presuntamente firmados por los clientes, sin sospechar el destino que iban a dar a las cantidades recibidas".

Los casos son variados pero el resultado siempre era el mismo: nunca se hizo la inversión y se apropiaron supuestamente del dinero. La primera en denunciar fue una vecina con cuyos datos pidieron un préstamo de 24.000 euros de los que se apropió supuestamente Inmaculada B. S. Otra perjudicada fue una cliente que les dio 30.000 euros para que los invirtieran en pagarés corporativos de Telefónica. Igualmente, un matrimonio les entregó 188.000 euros para invertirlos en un supuesto fondo garantizado a 25 meses, con un interés del 1,5%.

Para hacer estas y otras operaciones similares no necesitaron falsificar las firmas de los afectados ya que estos tenían tanta confianza en ellos que suscribían los documentos que sus gestores les presentaban, tal y como mantiene la Fiscalía, quien recuerda que en 2017 Antonio S. C., firmó un escrito en el que reconocía los hechos. Esta circunstancia será aprovechada por su abogado, Carlos Castillo, para pedir la atenuante de confesión y reparación del daño y solicitar una condena de un año y medio de cárcel y la absolución de la mujer. 

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