Movilidad

PP-Cs negociará con la empresa del Bizi para minimizar posibles indemnizaciones

El TSJA acaba de anular la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas que impulsó ZEC en 2017.

La llegada de nuevos servicios de movilidad reduce los usuarios del Bizi Zaragoza.
Estación del servicio Bizi en la capital aragonesa.
Raquel Labodía

El Ayuntamiento de Zaragoza negociará con Clear Channel, la empresa concesionaria del Bizi, para minimizar las posibles indemnizaciones que haya que asumir después de que los jueces hayan declarado ilegal la ampliación del servicio que aprobó ZEC en 2017. Según confirmó ayer la concejal de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, el gobierno PP-Cs "intentará que las consecuencias económicas sean las menores posibles" para las arcas municipales.

El anterior gobierno de ZEC aprobó una ampliación que suponía la instalación de 120 nuevas estaciones y la puesta en marcha de 1.200 bicicletas adicionales, pese a contar con informes en contra del Consejo Consultivo de Aragón, que alertaba de una modificación sustancial del contrato.

El entonces portavoz de la oposición y ahora alcalde, Jorge Azcón, llevó el caso al Tribunal de Contratos, que anuló el proceso por encubrir una "adjudicación directa ilegal". ZEC recurrió a Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que tal y como adelantó este periódico ha confirmado la nulidad del proceso.

El fallo judicial abre la puerta a posibles indemnizaciones a la empresa concesionaria, que llegó a instalar –y a desmontar por mandato judicial– cinco estaciones y que adquirió cientos de bicis para ponerlas en servicio.

"Podría haber algún tipo de indemnización, nos reuniremos con la empresa", dijo Chueca, que destacó que "dialogando se puede llegar a mejores acuerdos". Respecto al futuro del servicio, cuyo contrato expira en 2023, la edil señaló que "no hay nada decidido, tres años es mucho tiempo en un sector como la movilidad".

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